El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz, vuelve a estar en medio de una polémica dentro de un proceso de alto perfil.
Y es que Díaz fue nombrado juez de garantías en el caso que se le sigue a la empresa Cobranzas del Istmo por presuntas irregularidades en el ejercicio de las actividades para las que fue autorizada.
En el 2010, el magistrado formó parte del "equipo evaluador" que analizó y certificó que la empresa Cobranzas del Istmo S.A. contaba con todos los requerimientos legales y administrativos para cumplir la labor de gestor de cobros de la Dirección General de Ingresos (DG) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Para el abogado Ernesto Cedeño, hay un conflicto de intereses. "El artículo 53 del Código Procesal Penal dice que el juez de garantías debe declararse impedido cuando ha intervenido en la formación del acto que originó la actuación correspondiente", manifestó Cedeño a Panamá América.
A juicio del jurista, si él (Díaz) no se declara impedido, le puede dar argumentos a la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para que indique que se le están violando sus derechos porque hay un conflicto de intereses.
"Por la buena praxis del proceso, Díaz se debe separar ipso facto. Hay evidencia de que avaló actuaciones de la empresa Cobranzas del Istmo", añadió.
Por su parte, el también abogado Neftalí Jaén coincidió con Cedeño en que hay un conflicto de intereses en este caso.
"Eso es un conflicto de intereses y el magistrado Díaz no debería pronunciarse sobre eso, debería declararse impedido porque tuvo participación en el desarrollo de un trámite donde él va a tener conocimiento", reaccionó el jurista.
Jaén señaló que se está cayendo en la judicialización de la política, algo que esta Corte Suprema de Justicia está avalando.
"Agarran casos políticos y los arman judicialmente. De allí la mala nota que obtiene ante la opinión pública la actual CSJ", concluyó el exfiscal auxiliar.
En documentos oficiales a los que tuvo acceso Panamá América, con fecha del 11 de mayo de 2010 y dirigidos al director general de la DGI, se aprecia la firma de Harry Díaz avalando a la empresa Cobranzas del Istmo.
El documento detalla que antes de dar la certificación, Díaz y el resto de los evaluadores hacen constar que hicieron "inspección ocular y visita de campo a los predios de la empresa".
Aunque la administración del presidente Juan Carlos Varela atacó y cuestionó la labor desarrollada por Cobranzas del Istmo, luego le dio una especie de apoyo cuando, en diciembre de 2014, autorizó hacerle pagos que habían quedado pendientes por la pasada administración.
Datos
Pagos: Los dos últimos pagos, hechos en diciembre de 2014 y en enero de 2015, se hicieron efectivos mientras el ministro Dulcidio de la Guardia interponía una querella contra el exdirector de Ingresos Luis Cucalón por presunta falsificación de documentos para favorecer de manera directa a la empresa de Cristóbal Salerno.
Firma: El ahora magistrado fungía en el 2010 como representante legal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Harry Díaz formó parte del equipo evaluador que analizó y certificó que la empresa Cobranza del Istmo S.A. contaba con todos los requerimientos legales y administrativos para cumplir la labor de gestor de cobros de la Dirección General de Ingresos (DG) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
