A unos 716 mil 869 dólares asciende la posible lesión patrimonial contra el Estado dentro de la investigación que debe empezar ahora el procurador general de la Nación, José Ayú Prado, y en la que los denunciados son la exministra de Vivienda Balbina Herrera Araúz y la actual embajadora en Uruguay, Digna Donado.
Esta semana, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un edicto en el que asumió el conocimiento del expediente contra Herrera y Donado.
La Corte también comisionó al procurador Ayú Prado para que continúe la investigación de un programa de 10 millones de dólares llamado “Proyecto Piloto para la Revitalización Urbana y el Alivio de la Pobreza de Colón”, el cual se empezó a gestar en 2006, sin que se pudiera concluir finalmente.
Incluso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 8.5 millones de dólares para financiar el proyecto a cargo de la entonces ministra de Vivienda Balbina Herrera.
Herrera designó como administrador del programa a la Fundación Pro Inversión y Desarrollo de Colón (FIDEC) y cuya presidenta es Donado.
El programa fracasó en su primer proyecto, dejando cuantiosas pérdidas para el Estado. El 28 de marzo de 2007, FIDEC suscribió un contrato con el contratista Inversiones Urbanas Internacional SA para la revitalización del edificio 2028 en Colón por un monto de 789 mil 553 dólares.
Tras el contrato, FIDEC pagó a la empresa un anticipo de 236 mil 866 dólares, que representa el 30% del contrato, sin haber dado la orden de proceder.
Tanto Herrera como Donado conocían que la empresa no podía empezar los trabajos sin que las familias que residían en el edificio fueran desalojadas, sostiene la denuncia original que fue interpuesta en 2009 por el entonces zar anticorrupción Fernando Núñez Fábrega.
De acuerdo con la documentación anexada a la denuncia, el MIVI era el responsable que haber ordenado a FIDEC y la gerencia del proyecto que procedieran con el traslado de los beneficiarios o residentes del edificio 2028 a soluciones transitorias, propiedad del Gobierno.
“Pero como se pudo observar, la desocupación del edificio 2018 no se efectuó de manera previa ni posterior a la orden de proceder que se le dio al contratista, razón por la cual no se hizo la obra”, señaló textualmente de la denuncia del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción.
El 7 de abril de 2009, FIDEC anuló o declaró resuelto administrativamente el contrato con la empresa Inversiones Urbanas Internacional SA, ya que la obra de revitalización del edificio nunca ocurrió, pese a que se desembolsó el anticipo del 30%, más otros gastos que ahora reclama el contratista y que incrementan la posible lesión a más de 700 mil dólares.
El contratista presentó un reclamo legal contra el Estado por más de 480 mil dólares por supuestos gastos administrativos incurridos en el proyecto para el cual fue contratado.
De acuerdo con la denuncia, Herrera tenía la responsabilidad administrar y tomar las decisiones del proyecto denominado “Revitalización Urbana y Alivio de la Pobreza en Colón”, el cual tenía como objetivo principal procurar el fortalecimiento de la economía local, el empleo y contribuir con la solución al problema habitacional.
Finalmente, no se pudo contribuir a resolver el problema en Colón y se dejó perder una suma considerable de dinero del Estado.
cifras delproyecto social
236- mil 866 dólares se desembolsaron a la empresa contratista.
- mil dólares adicionales reclama el contratista al Estado, sin hacer la obra.
- millones de dólares era lo destinado a todo el proyecto de revitalización de Colón.
