Detalles
Política
- El martes, durante una conferencia de prensa, Juan Carlos Navarro dijo que devolverá los aparatos.
Proceso
- Rescindir un contrato del Estado debe pasar por un proceso legal.
Asistencia
- El Ministerio Público solicitó información sobre el caso investigado en Italia.
Las declaraciones del candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, de que devolverá helicópteros, radares y mapas digitales adquiridos por el Gobierno panameño a la empresa Finmeccanica, fueron calificadas de “disparate” por juristas y ministros de Estado.
José Raúl Mulino, titular de Seguridad, y Frank De Lima, de Economía y Finanzas, fueron dos de los funcionarios que cuestionaron el proceder que prometió el candidato de oposición en una conferencia de prensa el pasado martes, una vez llegue al poder.
Mulino escribió en su cuenta de Twitter: “Escuchen bien a Navarro. Solo quien sabe que no será presidente promete desmantelar la seguridad del país”.
Por la misma vía, De Lima se refirió a las consecuencias que traería una decisión como esta, a las finanzas de Panamá. “Demagógico anuncio de PRD pone en riesgo calificación de riesgo del país dado que estuvieran incumpliendo obligación contractual con Citi”, dijo De Lima.
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño, experto en temas de contrataciones públicas, aseguró que las palabras de Navarro demuestran un desconocimiento de procedimientos .
Aseguró que un contrato del Estado no puede rescindirse de oficio, sino que debe pasar por una demanda de nulidad ante la Sala Tercera en la Corte Suprema de Justicia.
“El funcionario no puede anular un contrato que está refrendado por la Contraloría y en ejecución”, comentó Cedeño, quien agregó que otra forma es que después de aplicar una auditoría, si se cree que hay delito se lleva una denuncia al Ministerio Público y es esta institución la que debe pedir a un juez que tome una medida de parar los pagos del contrato.
Para el exviceministro de Seguridad, Severino Mejía, las palabras de Navarro parecen viables para limpiar el nombre del país ante los escándalos de corrupción que se investigan en Italia a la empresa que hizo negocios con el Estado.
Esto, aseguró Mejía, no significa que Panamá quedaría desprovisto de seguridad.
“No se pretende quitarle las herramientas de trabajo al personal. Esos equipos van a tener que ser reemplazados, porque son una necesidad, eso es incuestionable, se necesitan para poder lograr la protección de nuestro mar territorial y también garantizar la atención humanitaria”.
Asistencia
En tanto, la procuradora general de la Nación, Ana Belfon, solicitó una asistencia judicial para recibir elementos de la investigación del caso de Valter Lavitola, llamado a juicio junto con el expresidente comercial de Finmeccanica, Paolo Pozzessere, en Italia, para el 23 de junio por corrupción internacional en Panamá.
