El Consejo Nacional de Transparencia de Panamá, encargado de identificar y prevenir actos de corrupción en la administración, denunció hoy un "abuso extremo" del sistema legal panameño en el caso del estadounidense Wilson Lucom, que dejó una herencia millonaria a la beneficencia.
La secretaria ejecutiva del Consejo, Alma Montenegro, hizo pública a la prensa la carta de denuncia que envió sobre el caso tanto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, como a la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, fiscal general del Estado.
Montenegro hace un recuento pormenorizado del proceso que se inicia con la muerte de Lucom, en junio 2006 en
Panamá, donde vivió durante cerca de quince años y donde dejó testamento, sujeto a las leyes de sucesión panameñas, según precisa Montenegro en su carta.
En su testamento, Lucom deja un millón de dólares a la Clínica Mayo, en Estados Unidos, "donde combatió un cáncer de vejiga", una pensión vitalicia a su viuda y a una hijastra y dos millones de dólares para repartir entre 19 personas, "amigos, familiares lejanos y empleados".
El resto de su fortuna, estimada en 50 millones de dólares, quedó a disposición de la administración de una fundación por crear para beneficiar "a los niños pobres de Panamá".
Después de describir cómo desde la apertura del testamento hasta la fecha se han interpuesto una veintena de denuncias para "desvirtuar la última voluntad del testador", Alma Montenegro identifica "el extremo abuso del sistema penal y civil panameño" y un retraso provocado del proceso de sucesión.
El testamento de Lucom, al que tuvo acceso Acan-Efe, identifica como heredera de los bienes sin asignar nominalmente a la Fundación "Wilson C. Lucom Trust Fund", cuyo "principal objetivo" es "alimentar a los niños con necesidades en Panamá".
Mientras el caso está en los tribunales, penales y civiles, por las múltiples denuncias que se han interpuesto las dos partes en litigio, los que representan al fallecido y los abogados de su viuda, una puertorriqueña casada en segundas nupcias con Lucom y madre de cinco hijos con un anterior esposo panameño, la ejecución del testamento está suspendida.
La carta de Alma Montenegro relata que los herederos de la viuda de Lucom, sin relación directa con el testador, "interpusieron más de 13 denuncias penales fraudulentas" contra el albacea del testamento provocando su suspensión y el retraso del proceso de sucesión.
La información sobre el caso con la que cuenta Montenegro apunta a que "dos fiscales han actuado de forma irregular en la investigación de las denuncias" que, por otra parte, casi todas han sido sobreseídas por falta de consistencia.
La máxima responsable del Consejo Nacional de Transparencia considera que el caso Lucom "ejemplifica el abuso extremo del sistema legal panameño en el marco de una cruda disputa por una herencia millonaria entre el Albacea, quien tiene el deber de tutelar la última voluntad del testador, y la viuda e hijos de ésta".
La polémica abierta por el testamento de Wilson Lucom, cuya primera vista fiscal está prevista para el próximo mes de enero, bajo la denuncia de que se escribió en español y él era anglo parlante, se ha ventilado en la prensa local e internacional, según el punto de vista de las dos partes enfrentadas.
El abogado de Lucom, el estadounidense Richard Sam Lehman, publicó recientemente en un periódico local una "carta de réplica" en la que señala que "en el cumplimiento de mi deber como albacea de mi amigo y cliente y en querer realizar su deseo de ayudar los niños con necesidades en Panamá, me han acusado falsamente incluso del delito de homicidio en su contra".
"Los tribunales han fallado en mi favor en toda instancia, desestimando toda denuncia tendenciosa e infundada en mi contra. Por eso confío en la eventual victoria del deseo final de Wilson Lucom, y de los que más merecen su generosidad", agregó.
"Sólo lamento que, por tratar de intimidarme, los que se oponen a la generosidad, han demorado el proceso de sucesión por más de dos años, mientras que, en el campo y en los barrios, los niños mueren de desnutrición", sostiene Lehman en su escrito.
La justicia panameña, además de haber dedicado cerca de dos años a atender el caso, aún no se pronuncia a favor de ninguna de las partes.
