El centro bancario panameño fue utilizado por la Iglesia Católica costarricense para "esconder", mediante sociedades anónimas cerca de B/ 85 millones, según publicó ayer el diario La Nación de Costa Rica.
La publicación da cuenta de que la Conferencia Episcopal tica fue descubierta realizando intermediación financiera ilegal (captaba fondos de terceros y lo destinaba al crédito o al mercado de valores), por lo que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), le ordenó en el 2005 suspender operaciones.
Los obispos ticos también fueron obligados a devolver el dinero a los inversionistas.
En lugar de eso, enviaron el dinero a Panamá y lo depositaron en las cuentas de un llamado Fondo de Servicios Pastorales Latinoamericanos, sociedad anónima bajo su control que, al 31 de diciembre de 2007, mantenía un balance de B/ 58.9 millones.
En el Registro Público de Panamá aparece que la firma Servicios Pastorales Latinoamericanos, S.A., cuyo agente residente es la firma Icaza, González - Ruiz & Alemán, fue creada en octubre de 2004; antes que la SUGEF ordenara detener las actividades ilegales de la Conferencia Episcopal.
Más casos.
La compañía Servicios Pastorales Latinoamericanos no es el único caso.
El diario La Nación publicó a mediados de abril pasado la existencia de Sarita Trading, S.A., creada por el mismo bufete de abogados que la otra empresa, y que le permitió a la Iglesia Católica tica manejar inversiones por B/ 25 millones.
Según La Nación, los obispos costarricenses pretendían crear una tercera compañía en Panamá, para transferir parte del capital de Sarita Trading, y que se habría de llamar Indalia Holding, Inc.
Curiosamente, en el Registro Público de Panamá existe una compañía llamada Indalia Holdings Inc., creada por el mismo bufete de abogados que constituyó Sarita Tradings y también a SPL, lo que llamó la atención de la SUGEF.
Controversia.
Los obispos de Costa Rica señalan que desconocían las operaciones de captación de fondos y servicio de préstamos realizados después de 2005.
Sin embargo, una lista presentada por SGEF hace poco al Ministerio Público, indica que entre las personas que invirtieron dinero y tomaron créditos de los Servicios Pastorales, están empleados de la misma Conferencia Episcopal y familiares de sacerdotes y obispos.
Reacción.
La Conferencia Episcopal de Panamá se mostró cauta en emitir opiniones, sobre este escándalo.
Monseñor José Domingo Ulloa señaló que la Iglesia Católica de Panamá no emitiría opinión alguna sobre esta situación, por lo delicado del tema.