El subdirector de la PTJ, Javier Chérigo, reveló que los 93 kilos fueron ubicados en un vehículo que se moviliza por la ciudad capital, tras la ejecución de una operación de seguimiento por haber recibido informes de inteligencia.
Chérigo explicó que la operación "Che Viejo" se realizó en conjunto a las autoridades Corpus Christi, de Houston, Estados Unidos, y que allí se logró la detención de dos mexicanos a quienes se les decomisó la suma de B/.300,000 que supuestamente serían utilizados para pagar la droga.
Precisó que esta red está presuntamente ligada con el decomiso de 96 kilos de cocaína incautados en la provincia de Chiriquí. Añadió que esta red tiene vinculaciones en Colombia y en México, en donde se han ejecutado operaciones para detener a sus integrantes.
El funcionario de investigación explicó que en la última semana se han decomisado más de 300 kilos de cocaína en diferentes operaciones, lográndose establecer nuevas rutas para el trasiego de estupefacientes.
La cocaína estaba embalada en paquetes de aproximadamente un kilo con un triple forro aislante para impedir su contaminación, además presentaba el distintivo "Corona" lo que hace presumir tenía como destino, algún cártel mexicano.
Por otra parte, detalló que en estas investigaciones se logró el arresto de varias personas a quienes se les han formulado cargos por su participación en el tráfico de drogas. La mayoría de los decomisos se han efectuado en vehículos que pretendían salir del país por Paso Canoa con destino a Costa Rica.
Dijo que en su caso la enfermedad se inició con un fuerte escozor en todo su cuerpo, ampollas y posteriormente se le fue cayendo el cabello paulatinamente.
"Me picaba mucho la parte posterior del cuello y entonces se me peló la piel", dijo.
Destacó que en aquella ocasión fue hospitalizado en el Hospital Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles, pero nunca se le dio respuesta por parte de la empresa.
La enfermedad terminó con su fuerza laboral, ya que en estos momentos no puede desempeñar ningún tipo de trabajo y en dos ocasiones las uñas se le han desprendido.
Sus pies se encuentran completamente agrietados y hasta su visión se ha afectado considerablemente.
En tanto, Teodoro Gómez Sánchez, de 58 años y con 18 años de servicio en la empresa, explicó que desde 1995 su piel ha presentado una serie de manchas que con el transcurrir del tiempo han ido creciendo.
"La picazón es continua, al punto que en algunas ocasiones casi ni duermo, pero aún sigo laborando porque tengo que mantener a mi familia", dijo el humilde trabajador, residente en Finca Jagua.
Aclaró que ya perdió la cuenta de las visitas que ha hecho al médico, pero el dermatólogo le indicó que es posible que el problema no tenga cura, porque es un mal crónico.
Con sencillez manifestó que espera que la compañía tome conciencia y les pague las indemnizaciones correspondientes a los afectados.
Expresó que actualmente es cortador de fruta, pero antes se dedicaba a regar químicos con bomba de espalda, donde se utiliza con frecuencia sustancias llamadas Barbo 500 y el Bravo 700, con el fin de eliminar la plaga conocida como Sigatoka.
Por su parte, algunos residentes de los caseríos próximos a las bananeras, indicaron que la avioneta al pasar por el área del caserío, muchas veces con la compuerta abierta, deja sustancias en el aire que caen sobre las personas que se encuentran fuera de sus casas.
Dijeron que el problema es mayor, ya que la compañía nunca anuncia el día en que se realizarán los trabajos de fumigación, por lo que muchas personas se ven sorprendidas por la lluvia de químicos. El especialista y dermatólogo, Homero Penagos, explicó a El Panamá América que el problema de los químicos en la zona bananera del distrito de Barú y Bocas del Toro ha sido materia de estudios desde 1986 por parte de la Caja de Seguro Social (CSS), en cuanto a la dermatosis por plaguicidas, es decir, enfermedades de la piel asociadas a químicos.
Penagos explicó que desde el punto de vista de la dermatología ocupacional, se han realizado dos o tres estudios en seis años en Bocas del Toro, posteriormente en Puerto Armuelles y por último en las fincas bananeras en Divalá.
Aclaró que se han estudiado a más de 2 mil trabajadores, tanto en el Hospital de Changuinola como en el Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles, además de los 200 expedientes que posee en sus archivos personales de los trabajadores de Divalá.
Consideró que la CSS necesita hacer estudios para determinar la veracidad de que los plaguicidas estén asociados a cáncer infantil y malformaciones congénitas.
Precisó que se debe confirmar si las sustancias causan daños en los bebés que nacen muertos o si causan leucemia en adultos, ya que en Panamá no se han realizado estos estudios.
Mencionó que la esterilidad está asociada a un producto denominado Flumazone o Drimocloropropano y que los casos no se han dado sólo en Panamá, sino en todo Centroamérica, incluyendo la fábrica del producto en Estados Unidos.
Penagos enfatizó que hay pacientes estériles y es necesario un protocolo de estudios, donde se tomen muestras de espermas y biopsias testiculares para demostrar si existen trabajadores afectados o no.
En Bocas del Toro la situación no es muy diferente. En 1993, un total de 28 personas, todas varones, fueron objeto de exámenes de laboratorio, quienes resultaron afectados por azoospermia total o ausencia total de espermatozoides en 25 de los casos, mientras que los restantes presentaron oligoazoospermia o presencia ocasional de espermatozoides.
Todos los pacientes de una u otra forma tuvieron contacto con algún producto químico utilizado en la actividad bananera de la región, que se desarrolla desde 1890.
Actualmente, existen pacientes en las fincas 30, 60, 15, Luzón y otras, en los que se puede observar claramente desprendimiento de piel.
Varias personas de estos lugares, marcados por las enfermedades, prefirieron no dejarse fotografiar, pues desconfían de la efectividad de sus denuncias, ya que según ellos hace siete años se les dijo que iban a ser indemnizados, sin embargo, quienes recibieron jugosas sumas de dinero fueron sus abogados.
En el libro "El Legado", escrito entre los años 1993 y 1995, se presentan los casos de gran cantidad de trabajadores afectados por el uso de agroquímicos, cuyos efectos han sido devastadores y aunque no se comparan a la actual realidad, el problema persiste, según sindicalistas y médicos consultados. Penagos subrayó que la situación actual de las bananeras en Barú es seria, por lo que se ha recomendado desde hace tiempo suspender el riego de fungicidas por vía aérea, porque no hay un control estricto sobre los químicos y por lo tanto no se puede determinar el grado de afectación en el ser humano como en el ambiente.
"Los plaguicidas en la piel causan muchos problemas, como quemaduras, dermatitis alérgica, dermatitis de contacto, acné, daños en las uñas, sin embargo, quiero llamar la atención de que todo lo que pasa en las fincas bananeras con respecto a la piel de las personas no está relacionado con estas sustancias", dijo.
Recalcó que existen estudios dermatológicos que demuestran que estos productos son peligrosos y que no es posible confiarse del manejo seguro del que hablan las compañías de venta, por lo que debe regularse el riego aéreo y si es posible que desaparezca esta práctica.
Por su parte, Juan Jované, director nacional de la Caja de Seguro Social (CSS), indicó que es conveniente para el país tener una legislación estricta frente a la contaminación ambiental y los tóxicos que estén destruyendo directamente la vida humana, en la que se están dando abusos de agroquímicos.
Sostuvo que el drama radica en que se aprueban leyes que aparentemente son buenas, pero no se cumplen.
Explicó que la entidad cubre la atención normal que se brinda a las personas, pero enfatizó que el que realiza la contaminación es el responsable principal.
Indicó que esta práctica está causando mucho daño a los obreros, debido a que son problemas que van más allá de lo que implica una necesidad de trabajo, donde la institución adjudica una pensión por invalidez.
Aseguró que se afecta directamente a la entidad, porque se produce una gran cantidad de problemas de invalidación.
A pesar de las evidentes lesiones y el deterioro de la salud de las personas, Penagos aclaró que toda enfermedad de piel no se le puede adjudicar a los químicos y por lo tanto para solicitar una indemnización a la empresa frutera o a los fabricantes, hay que demostrar que el veneno produjo el problema en la piel, pero tiene que ser compatible con lo que se ha publicado en el mundo y lo que sabe la ciencia.
Indicó que hay enfermedades en la piel, como la psoriasis, que es un virus que no es causado por plaguicida y si algún trabajador dice eso no es correcto.
"El problema existe, pero ha sido mal enfocado, como en las intoxicaciones agudas donde nadie recuerda cuando la gente moría en Changuinola y Puerto Armuelles afectados por órgano fosforado, donde se ha logrado bajar enormemente el índice de mortalidad con los programas de salud", precisó.
Penagos destacó que las afecciones en la piel pueden estar relacionadas con los químicos y pueden ser de color blancas, grises o chocolates. De manera que los pacientes que tienen esas manchas, es recomendable demostrarlo, de manera que no se puede divulgar un problema si no es comprobado clínicamente.
Consideró necesario que el Gobierno, funcionarios de Salud, obreros y las compañías se pongan de acuerdo para controlar la situación.
"No hacemos nada si comenzamos a gritar ¡veneno en el aire!, ¡muerte silenciosa!, porque lo que se riega no son venenos agudos pero sí causan daño", dijo
