El “indictment” seguido en Virginia, Estados Unidos, al presidente de Ports Engineering & Consultans (PECC), Charles Jumet, afirma que desde 1997 se iniciaron movimientos bancarios que supuestamente beneficiaron a autoridades panameñas del sector marítimo y a la más alta autoridad del Ejecutivo.
El documento no menciona los nombres de los funcionarios panameños presuntamente involucrados y los identifica con identidades claves.
El “indictment” habla de la participación de la Autoridad Gubernamental "A", a quien identifica como director de la Autoridad Portuaria Nacional; la Autoridad Gubernamental "B" , como el sub director de esta entidad, y la Autoridad Gubernamental "C", como la más alta autoridad del Ejecutivo.
Durante la administración del ex presidente Ernesto Pérez Balladares se concedió el contrato a PECC y los directivos de la APN eran Hugo Torrijos y Rubén Reyna, director y subdirector, respectivamente.
El informe destaca que se registraron una serie de movimientos de dinero que era depositado en cuentas de empresas, en donde los directivos eran la Autoridad B y parte de sus familiares.
Agrega que igual situación se produjo cuando en diciembre de 1997 se autorizó el pago de dividendos por $ 300.000.
También asegura que en diciembre de 1997, PECC emitió un cheque del Lloyd Bank que fue depositado en una cuenta perteneciente a la Autoridad de Gobierno C.
Rechazan vínculos.
Mediante un comunicado, Pérez Balladares rechazó categóricamente las afirmaciones de Jumet, las cuales recuerda, fueron hechas al amparo de un acuerdo judicial de colaboración con las autoridades norteamericanas.
“El comunicado del Departamento de Justicia, no hace referencia a nombres particulares, pero reiteramos la posición ofrecida por el ex mandatario en el año 2003, quién negó haber recibido pagos de dividendos ni en ningún otro concepto de Charles Jumet o sociedades vinculadas a éste”, destaca.
“Reafirmamos que el ex mandatario recibió una donación de este ciudadano norteamericano como aporte a la campaña de reelección”, añade el comunicado.
El entonces sub director de la APN, Rubén Reyna, negó rotundamente que haya recibido “coima alguna por otorgar un contrato” y agregó que esta acusación es ridícula y absurda.
Lo que Jumet ha declarado es totalmente falso y lo que sé es que ha recibido beneficios por esta “cooperación”, afirmó Reyna.
El caso PECC en Panamá no prosperó, debido a que un fallo de 6 de agosto de 2004, dictado por el Peno de la Corte Suprema de Justicia, decretó la nulidad constitucional del proceso que contenía la investigación iniciada contra Pérez Balladares por supuesto enriquecimiento injustificado.
Reyna no descartó iniciar un proceso para demandar a Charles Jumet por calumnia e injuria.
