Funcionarios de las defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia iniciaron ayer las sesiones de trabajo conjuntas, para esclarecer los hechos acaecidos durante el proceso de repatriación de 109 ciudadanos colombianos que estaban en territorio panameño.
Un informe de la Defensoría del Pueblo detalla que luego de realizar las reuniones en ciudad capital, los comisionados realizarán una gira al terreno de los hechos, es decir, a territorio panameño en la provincia de Darién para recabar mayor información que le sirva para redactar un informe.
La parte panameña está representada por el Primer Adjunto, Ricardo Vargas, y el secretario general, James Bernard; y la Defensoría de Colombia la representan el Adjunto del Defensor, Darío Mejía, y la Coordinadora Nacional de la Atención al Desplazamiento Forzado, Camila Moreno, quienes se reunieron por primera vez en la sede de la Defensoría del Pueblo de Panamá.
Esta comisión tiene el objetivo principal de recoger en el mismo escenario de los hechos y de primera mano la información de lo ocurrido para posteriormente evaluar en su justa dimensión los hechos que han sido denunciados tanto por la Defensoría del Pueblo de Colombia y como por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Se conoció que los comisionados panameños expresaron a sus similares de Colombia la posición de las autoridades panameñas en el sentido de que el traslado de los repatriados fue voluntario, sin tratos indebidos y con la coordinación de la policía colombiana.
No obstante, la Comisión de la Verdad estimó que existían suficientes elementos en donde se establece que Miró fue detenido poco antes de su muerte por agentes del Estado.
