Explicó que es una "falacia" que la familia de Ulpiana Cáceres tuviera 27 años de residir en ese sitio, puesto que lo que fue derribado se empezó a edificar a mediados de la década pasada y se trataba de un local comercial que inició como una pequeña fonda, que fue ampliada a sabiendas de que estaba en un sitio prohibido.
Aseguró que la señora Cáceres y su familia habitan en otra vivienda cercana al lugar.
Expresó que las leyes panameñas establecen que las servidumbres son inadjudicables a particulares, por lo que es falso que Cáceres tuviera alguna posibilidad de que se declarara legal su permanencia en el terreno estatal invadido.
Aclaró que la familia Cáceres invadió dos tipos de terrenos, una servidumbre y otro privado, y que el fallo de un tribunal civil que dictaminó que estas personas tenían derecho posesorio sobre la propiedad se refería a los terrenos particulares y no a los estatales, que era donde estaba construido en su integridad el restaurante.
Detalló que en febrero de 1997, el entonces director de Obras Municipales le notificó a Cáceres formalmente que suspendiera las mejoras que le hacía a la fonda, en vista de que la acción era indebida por encontrarse en una servidumbre, pero la señora continuó con la construcción, ignorando el llamado.
"En abril del 2000 se produce una resolución donde a ella (Cáceres) se le sanciona por construir en servidumbre y se le ordenó remover todo lo construido, consistente en 155 metros", sostuvo.
El director de Legal y Justicia, documento en mano, enfatizó que todas las notificaciones y documentaciones en general que se le mandaron a Cáceres se referían a un kiosco y no a una vivienda.
Agregó que la orden de desalojo proviene de 1997 y fue dada en primera instancia por la entonces alcaldesa Mayín Correa.
Reconoció que Cáceres presentó, luego de dejar pasar un tiempo considerable, un amparo de garantías constitucionales que fue admitido, sin embargo, este recurso fue negado, a lo que ella apeló y el Tribunal Superior de Justicia confirmó la decisión legal anterior, agotando con esto todas las instancias legales.
En tanto, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, condenó el desalojo y demolición del inmueble construido por Ulpiana Cáceres y exigió el resarcimiento civil y moral por los daños causados.
La familia Cáceres, acompañada de su abogado Silvio Guerra, se apersonó ayer a la Defensoría del Pueblo para denunciar el hecho.
Tejada calificó de inaudito que las autoridades del municipio capitalino hayan ordenado esta demolición, cuando aún se estaba dilucidando lo relativo al derecho de propiedad.
Advirtió que esta acción de abuso de poder es una flagrante violación a los derechos fundamentales de los miembros de la familia Cáceres.
De los cuatro buses observados en esta ruta, uno tenía la puerta de emergencia obstruida con una llanta de repuesto.
Durante el recorrido, fue notoria la presencia de efectivos policiales en diversas paradas de autobuses, cosa que no sucedía antes a lo largo de esta ruta.
Un agente de tránsito, que advirtió la presencia de este medio en el área, y que con cierta curiosidad preguntó: ¿es usted fiscal de tránsito?, opinó que el problema de los tranques vehiculares, la deficiencia en el transporte colectivo y la aparición de los taxis piratas, podría disminuir o desaparecer si se realizan cambios en los horarios de trabajo. Del sondeo realizado en la ruta de autobuses de Nuevo Arraiján-Panamá se pudo detectar que desde las 6 hasta las 7:30 de la mañana, la mayoría pasan llenos: Hay que caminar varias cuadras hasta la salida para conseguir un puesto cómodo, de lo que se colige que la oferta no es suficiente para los pobladores del lugar.
El trabajo de análisis y observación sobre la base de un sondeo, abordando los autobuses, se inició a las seis de la mañana, por lo que fue necesario caminar hacia la entrada principal, a la altura de Calle primera, donde se abordó el bus con placa B2208, el cual se llenó en calle tercera y dio la vuelta, sin realizar todo el recorrido por las once calles de Residencial Nuevo Arraiján.
Este bus tenía los asientos modificados porque son pequeños, las llantas estaban medio lisas, la gente iba parada y no tenía música.
Al llegar a la entrada de la barriada bajamos del bus para esperar otro y realizar el mismo recorrido, empero, debido a la demora más de 15 minutos, hubo que caminar para abordarlo.
Así, se repitió el ejercicio, con los mismos resultados: Los usuarios hacen un ejercicio matinal al caminar varias cuadras para abordar una unidad vacía. Si no lo hacen, deberán viajar parados hasta la capital, incluso con niños cargados muy cerca de la puerta, lo que constituye un peligro para sus vidas.
A esto se suman los asientos dañados y las llantas lisas de varios autobuses. Los conductores o escuchaban música o noticias.
La hora donde la demanda de buses no satisface al usuario es entre las 5:30 y 7:30 de la mañana.
En la mayoría de los casos las personas tienen que caminar varias cuadras para lograr un puesto vacío en los buses.
Muchos ciudadanos prefieren caminar hasta la entrada de la Interamericana para seguir tomando vehículos particulares.
Durante 15 minutos que este medio estuvo en la vía Interamericana solamente pasaron tres autobuses para La Chorrera, dos de la ruta Panamá-La Chorrera y uno de Capira, los cuales iban llenos.
La mayoría de los conductores de la ruta Nuevo Arraiján-Panamá visten adecuadamente (pantalones, zapatos) y estaban aseados.
