Como regalo de Año Nuevo, cerca de 560 privadas de libertad están a la espera de recibir uno de los 250 indultos que otorga el presidente Martín Torrijos en diciembre.
En el país, el 50% de las detenidas son víctimas de la mora judicial y están aguardando que sean condenadas, mientras pasan días, meses y hasta años tras las rejas.
Frida Govea, directora del Centro Femenino de Rehabilitación, reconoció que hay mora judicial, aunque reciben visitas cada semana por parte del Ministerio Público.
Govea argumentó que el 70% de las mujeres están en la cárcel por delitos contra la salud pública como ventas de drogas y otro tipo de irregularidades.
Paralelamente, según la directora, hay un hacinamiento marcado, ya que las estructuras fueron hechas para cierta cantidad de personas y ya se ha sobrepasado su capacidad.
"Algunas veces la tuberías se tapan. También necesitamos equipo administrativo y más personal, porque con el que contamos no nos damos abasto", confesó.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Mónica Pérez, durante una visita al lugar, argumentó que la celda de máxima seguridad no puede permanecer abierta, ya que viola totalmente los derechos humanos.
Pérez observó que en el lugar no hay luz, muchas veces no cuentan con agua y existe poca ventilación, por lo que no es conveniente utilizar un sitio así.
La defensora aprovechó para atender quejas y brindar orientación a las privadas de libertad, a través de la conocida "Defensoría Móvil".
Este centro cuenta con 80 custodias y 20 funcionarios administrativos, por lo que solicitan como 10 colaboradores más para realizar normalmente sus funciones.
