La Contraloría General de la República investiga a por lo menos unas 108 empresas nacionales que eran suplidoras de materiales de construcción para el Programa de Asistencia Rápida para Viviendas de Interés Social (PARVIS).
El contralor Gustavo Pérez indicó que se ha ubicado el nombre de los representantes legales de cada una de estas empresas, pero se trata de encontrar al resto de sus directivos por medio del Registro Público.
Dijo que en algunos casos las empresas suplidoras subcontrataban a pequeños fabricantes de bloques, los cuales supuestamente entregaban este material a los beneficiarios de los PARVIS o al Ministerio de Vivienda (MIVI).
Los subcontratos y la intervención de varias empresas han provocado una "gran debilidad" en el control y fiscalización de estos materiales en los distintos almacenes en los cuales debían ser guardados, indicó.
Pérez compareció la semana pasada a la Asamblea Legislativa en donde entregó a la presidencia de este Organo del Estado un sobre sellado en el cual se detallan todas las investigaciones que se han realizado a través de Auditoría de la Contraloría y que han nutrido las pesquisas legales que se adelantan.
Según el contralor, hasta el momento se ha determinado que la lesión patrimonial que se registró durante la administración de los cuatro ministros del MIVI en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares asciende a B/.1.5 millones.
De este gran total, la lesión patrimonial más grande se registró en la provincia de Veraguas, en donde hubo manejos irregulares por B/.352 mil.
Los casos que se investigan hasta ahora como irregularidades en el manejo de los PARVIS, son la apropiación indebida de todo o parte de los materiales de este programa, la falsificación de firmas de los beneficiarios en el retiro de materiales, proveedores que no entregaron los materiales en su totalidad y personas cuyos ingresos familiares superan los B/.300 y no tenían derecho a este beneficio.
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