El Ministerio Público adelanta una investigación contra funcionarios de la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), por presuntamente otorgar una concesión arenera a la empresa Corporación de Inversiones S.A, sin haberse aprobado el estudio de impacto ambiental.
La investigación se produce luego que el apoderado legal de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Juan Ramón Sevillano, denunciara que la Dirección de Recursos Minerales del MICI, a cargo de Francia de Sierra había otorgado un permiso provisional para extracción de arena submarina en una zona protegida del Archipiélago de Las Perlas.
"En nuestras investigaciones, al ver el expediente de la concesión, nos hemos dado cuenta que no se habían cumplido los trámites correspondientes. Ni siquiera había una aprobación del estudio de impacto ambiental en ese caso", recalcó.
Expresó que la Corporación de Inversiones, incluso, ya extrajo arena del lugar sin haber hecho contrato con el Estado, "no le han pagado al Estado el canon de arrendamiento que debieron haberle pagado".
De ser así dijo, puede haber otro tipo de delito que le tocará tipificar al fiscal Geovani Olmos, quien está a cargo de las investigaciones. "Nosotros pedimos la investigación para determinar si lo que se está haciendo, se está haciendo bien y si hay daños ambientales".
En este sentido, el fiscal Olmos precisó que con la denuncia recibida se determinará si hay un delito ambiental y otros tipos de delitos penales como extralimitación de funciones, contra la administración pública o falsedad de documentos. "Aunque no hay sanción penal por delitos ambientales, eso no impide que el Ministerio Público conozca otros hechos delictivos que se puedan estar cometiendo", recalcó.
En este caso, dijo, podría haberse producido un delito contra la administración pública, situación que se está investigando "En ese caso, los funcionarios podrían ser llamados a juicio si se comprueba algún delito penal".
El ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, dijo desconocer el caso, y remitió a Francia de Sierra, quien, a pesar de insistentes llamados, no respondió a la solicitud de una entrevista.
Sevillano aseguró que los propios funcionarios de Gestión Ambiental de la Dirección de Recursos Minerales no habían dado el visto bueno al estudio de impacto ambiental, como tampoco lo había hecho la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) al momento de la interposición del recurso.
"Hay un documento firmado por funcionarios de Gestión Ambiental que indica que el estudio de impacto ambiental no cumple con los compromisos de ley, entonces cómo se pudo dar un permiso provisional. Hemos visto ciertas irregularidades que pedimos al Ministerio Público investigue, esto no es casual", dijo.
ANCON, aseguró Sevillano, tiene otros tres recursos de oposición por tres solicitudes de concesión arenera en el Golfo de la Palma, provincia de Darién perteneciente a la misma compañía holandesa, Rellenos del Golfo, Maritime Development Corporation, Atlantic Pacific Excavation, a las cuales también se le dieron permisos provisionales.
Las cuatro empresas han recibido sus aprobaciones en un corto plazo, situación que ha sido cuestionada por la Cámara Minera de Panamá, que ha asegurado que desde hace dos años hacia acá, ha habido un manejo raro en la aprobación de estas concesiones.
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