EL CENTRO Femenino de Rehabilitación, considerado un modelo de gestión carcelaria, enfrenta la denuncia de sus reclusas, de ser sometidas al cobro obligatorio de cuotas para comprar productos de aseo, insumos y comestibles para la venta.
Quienes se negaron a hacerlo, fueron castigadas en la celda conocida como "La Máxima".
En el centro carcelario se ha conocido que las reclusas han llegado a manejar sumas de B/.1,000. Incluso la queja interpuesta ante la Defensoría del Pueblo indica que ha habido pérdida de dinero.
El defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, manifestó que según los delegados defensoriales para la supervisión de los Derechos Humanos de los Privados de Libertad, hay quejas por la falta de control de los dineros que se recogen para estos propósitos.
"Según ellas expresan, por no contribuir hay represalias. Particularmente son sometidas a castigo y enviadas a una celda conocida como "La Máxima", donde hay compañeras con VIH/SIDA y otras que evidencian desequilibrios mentales", destacó.
Ante esta denuncia se envió una misión que en los próximos días presentará el informe de la situación que fue denunciada el pasado 19 de octubre.
Esta anomalía fue conocida por el Panamá América, luego que un grupo de reclusas al negarse a entregar dinero, recibió su castigo, el cual fue conocido por el nuevo director, José Calderón.
Investigan manejo irregular de dinero en cárcel de mujeres
Hay reclusas que manejan los fondos sin que haya el control requerido.
