La Fiscalía Electoral investigará y verificará si ministros de Estado y directores de entidades públicas que han pedido permiso o se han acogido a vacaciones, para dedicarse a actividades políticas, están o no cobrando sus salarios como autoridad.
El fiscal Gerardo Solís, manifestó que de estar cobrando sus salarios en estos días, en los que se iban a acoger a asuntos personales, estarían cometiendo un delito electoral sancionado por la ley.
Las declaraciones de Solís, se producen luego que el pasado jueves el ministro de Obras Públicas, Eduardo Quirós, y otros funcionarios del Gobierno, participaron campaña proselitista a favor del candidato presidencial José Miguel Alemán en una gira por Penonomé.
Quirós informó que se había acogido a dos días de vacaciones. Solís aseguró que tanto ministros y directores de entidades públicas han estado utilizando esta modalidad desde inicios de marzo, pues han solicitado permisos, tomando sus vacaciones o días compensatorios para atender asuntos personales.
Manifestó que es legal esta actuación, pero afirmó que se asegurará que estos días no sean cobrados.
Solís explicó que en este tipo de situaciones el delito consiste en usar recursos del Estado en política, es decir, el salario del funcionario público, vehículos del Estado, gasolina, viáticos o cualquier otro beneficio del Estado. "Eso no se puede hacer", advirtió.
Precisó que para evitar un delito electoral, es saludable lo que han hecho algunos funcionarios del Gobierno que anticipadamente han enviado a la Fiscalía Electoral, las comunicaciones que tienen con la presidenta de la República para solicitarle días libres y las vacaciones, para demostrar que no están cobrando salario.
En tanto, el legislador Aníbal Culiolis, del Partido Popular (PP), afirmó ayer que la participación del ministro Quirós, en un acto político en horas laborables, debe ser motivo de una investigación por la Fiscalía Electoral e incluso podría dar lugar a su separación del cargo.
Indicó que la actuación del ministro, además de ser violatoria a las normas electorales es violatoria a la Ley 9 de junio de 1994, mediante la cual se establece la Carrera Administrativa.
