Así lo informó a Panamá América una fuente oficial, quien detalló que durante una reunión celebrada en la mañana de ayer, en el Palacio de las Garzas, "todo el mundo estuvo en desacuerdo con lo que pasó".
Además del regaño, Torrijos nombró una comisión especial para investigar la actuación de las unidades de la guardia presidencial que reprimieron a familiares de las víctimas y sobrevivientes por las medicinas contaminadas del Seguro Social.
La comisión que deberá rendir un informe en 15 días, estará encabezada por el jefe de asesoría legal de la Presidencia, José Pío Castillero e integrada por Omar Alvarado y Marcelino Ibarguen, ambos miembros del SPI.
No obstante, el regaño no sólo se dirigió a los miembros de la seguridad, sino también a la Comisión Técnica Administrativa que tramita el pago de las compensaciones económicas por la intoxicación con dietilenglicol.
Según se detalló, Torrijos cuestionó el por qué de la demora en los pagos; pero la actuaria nombrada por el Ejecutivo, Marianela Morales, salió bien librada argumentando que no pueden darlos sin que se cumpla con los pasos establecidos por el Decreto Ejecutivo.
Pese a ello, el presidente pidió a la comisión la máxima agilidad en el proceso, de forma que lo más pronto posible se entregue la compensación a todos los beneficiarios.
En dicha reunión participaron miembros de los ministerios de Salud y de Economía y Finanzas, así como de la Contraloría General.
La orden del presidente fue tal, que una vez terminó la reunión en el Palacio de las Garzas, de inmediato la comisión se trasladó al Ministerio de Salud, donde se instaló en sesión permanente desde el mediodía de ayer.
Parte del reclamo del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida fue que se suspendió el pago de las ayudas económicas, mientras se entrega la compensación.
El Presidente se va de viaje por una semana, pero se informó que deja instrucciones precisas sobre este tema.
