Panamá es, oficialmente, un país libre de la plaga del gusano barrenador del ganado. Así se informó durante la inauguración de la planta productora de moscas estériles.
La planta tendrá la capacidad de producir suficientes moscas para mantener a Panamá como barrera biológica contra esta enfermedad.
El costo de la misma asciende a unos 40 millones de balboas, asumidos por Estados Unidos y Panamá, luego de la firma de un acuerdo suscrito hace 12 años.
Las afirmaciones de López se deben a que los fallos que dicta la Corte Centroamericana de Justicia son aceptados por los gobiernos según su conveniencia.
Al respecto, Roberto Courtney, director ejecutivo de Etica y Transparencia de Nicaragua, expuso como un claro ejemplo de lo inútil que es el organismo, el recurso presentado por el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, cuando el Órgano Legislativo de su país intentó reducirle los poderes al Ejecutivo.
La CCJ dictó un fallo declarando nulas las reformas constitucionales aprobadas en segunda legislatura por la Asamblea Nacional el 13 de enero pasado, y que restaban facultades al Ejecutivo, con la justificación de que son "jurídicamente inaplicables".
Ante el fallo, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) declaró inconstitucional una parte del tratado constitutivo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que le permite conocer conflictos de competencia entre poderes del Estado.
Lo curioso detrás de este caso, según Courtney, es que Bolaños, luego de interponer el recurso, desembolsó a la CCJ su cuota de 60 mil dólares por pertenecer al organismo, cuyo pago estaba atrasado dos años.
López y Courtney coinciden en que son pocos los casos que llegan a éste organismo, el cual se ha convertido en "un egreso excesivo e inútil de los presupuestos nacionales".
Otra afirmación es que los magistrados son "escogidos por conveniencia", ya que quienes los designan son los magistrados de las Corte Suprema de cada nación. Además, no rinden cuentas de cómo gastan sus presupuestos.
Actualmente son seis los diputados, dos por cada país miembro, y devengan salarios superiores a los 6 mil dólares, reciben viáticos de movilización, tienen tratamiento diplomático y son exonerados de impuestos.
Sobre la negativa de Costa Rica de pertenecer a la CCJ, los dos directores de las instituciones anticorrupción señalaron que este país no se unirá a ella mientras tenga la facultad de resolver conflictos entre poderes del Estado.
Esta razón fue confirmada por el vicepresidente de la CCJ, Francisco Darío Lobo.
Se conoció que Guatemala tiene la misma posición.
¿Cómo llevar casos a una CCJ que no tiene injerencia?, preguntó Courtney. Es por eso que los organismos cívicos piden su urgente eliminación, mientras no tenga una función específica.
El artículo 12 de los estatutos del SICA se declara que forman parte del sistema: la reunión de vicepresidentes, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la Corte Centroamericana de Justicia y el Comité Consultivo.
Entre las competencias del organismo están:
Conocerá las solicitudes de cualquier Estado miembro de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las fronterizas, territoriales y marítimas, para las cuales se requiere de la solicitud de todos los miembros.
Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos que los asuntos que las partes le hayan solicitado.
Actuar como tribunal de consulta competente de las cortes supremas de justicia de los Estados.
Conocer las controversias que surjan entre un estado centroamericano y otro que no lo sea.
La actual junta directiva de la Corte Centroamericana de Justicia está integrada por seis magistrados.
El presidente es Carlos Guerra Gallardo, de Nicaragua. Su vicepresidente es el hondureño, Francisco Darío Lobo.
Los otros integrantes del organismo jurídico son: Alejandro Gómez Vides y Ricardo Acevedo Peralta, de El Salvador y Silvia Rosales Bolaños y César Vega Masís, ambos de Nicaragua.
