La procuradora de la Nación encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, solicitó dictar un sobreseimiento definitivo a favor del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, Ramiro Jarvis, a quien se le instruía un expediente por el delito contra la administración de justicia, pero estimó que la conducta del funcionario es susceptible de ser sancionada con una falta administrativa por desobediencia a la autoridad.
En su vista fiscal No. 140, Araúz de Grimaldo estimó que la conducta desplegada por Jarvis no constituye delito sino que se enmarca en una falta administrativa que debe ser manejada como un acto de desobediencia a la autoridad del procurador José Antonio Sossa.
Señaló que el procurador Sossa cuenta con mecanismos dentro del Código Judicial para atender estas situaciones administrativamente, sin tener que recurrir a la vía judicial. También explicó que Jarvis se equivoca al invocar una causa de justificación que no existe, por lo cual su conducta más que ser colocada dentro del marco del dolo legal debe ser ubicada y tratada con las herramientas que el Código Judicial tiene.
También estimó que la negativa de Jarvis a brindar los nombres de sus informantes en el caso de los pinchazos telefónicos a todas luces es un acto de desobediencia al funcionario de instrucción, quien en ejercicio de sus funciones y la ley está facultado a practicar todas las diligencias que le permitan, para no sólo acreditar el delito que se investiga sino la identificación del autor y demás partícipes del hecho delictivo.
A juicio de la procuradora Araúz de Grimaldo, el jefe del Consejo de Seguridad no puede aducir normas de inferior jerarquía para no acatar o incumplir mandatos dentro de la investigación de delitos.
Sostuvo que el Consejo de Seguridad está regulado por un decreto Ejecutivo y otro de Gabinete que son de menor jerarquía que las normas constitucionales que regulan el funcionamiento del Ministerio Público.
Además estimó que Jarvis al negarse a proporcionar información sobre la identidad de sus informantes, sienta un precedente altamente peligroso para la institucionalidad no sólo del Ministerio Público, sino para el desarrollo del Estado.
Por otro lado se informó que el expediente sobre la presunta falsificación de un memorando de la Presidencia de la República con los nombres de 117 personas que serían objeto de escuchas telefónicas fue enviado a la Fiscalía Undécima a cargo de Víctor Barrios.
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