“No puedo permitir una desestabilización en el país y él no puede prestarse para que multitudes de personas se tomen edificios y las calles”, recalcó.
Mientras que ayer se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia varios hábeas corpus preventivos a favor de Jované y de dirigentes obreros, luego que Moscoso señalara a éste y a varios sindicalistas de ser los responsables de las violentas protestas que se dieron ayer.
Moscoso sentenció que “él (Jované), con los obreros y sindicatos están detrás del clima de desasosiego que se está viviendo” y sustentó que nadie quiere perjudicar a la CSS.
“Si hay un costo político, yo tendré que pagarlo, porque no podemos permitir que se promueva un clima de caos, sólo por la remoción de una persona”, argumentó Moscoso.
La gobernante relató que Jované no quiso notificarse de la resolución de su remoción y restó importancia a los recursos que éste presentará ante la Corte Suprema de Justicia en contra de su separación del cargo.
Explicó que luego que el director presente sus descargos tomará una decisión sobre si lo ratifica o lo destituye. Moscoso insistió en que con las violentas protestas pareciera que se quiere buscar un mártir.
“Vamos a actuar enérgicamente, no podemos permitir que se vayan a la radio y a las calles y digan que viene una guerra y hagan caos”, precisó.
“El tendrá que hacer los descargos, tiene 30 días para hacerlo y ustedes los medios de comunicación no pueden prestarse para llamar a la gente para que salga a las calles”, destacó.
Mediante una cadena nacional anoche, la presidenta fue enfática al señalar que será estricta en el mantenimiento del orden público, la libertad de tránsito, libre circulación vial y la integridad de las personas.
Acotó que trabajarán en la búsqueda de la solución a los graves problemas financieros de la CSS, mediante el diálogo y la consulta.
La mandataria reiteró que no privatizará la institución, tal como lo prometió desde el primer día de su mandato.
Otros recursos de hábeas corpus preventivos fueron presentados también a favor de los dirigentes sindicales Genaro López, Gabriel Castillo y Priscilla Vásquez, ante la eventualidad que se ordene su arresto.
El abogado Jaime Jované, hermano del separado director, al presentar el hábeas corpus preventivo, alegó que éste ha señalado no tener ningún tipo de relación con los violentos actos realizados por las organizaciones obreras y agregó que Moscoso está buscando convertirlo en responsable de los incidentes y lograr su destitución definitiva. La Junta Directiva de la Caja espera poder analizar el nuevo proyecto de presupuesto para la institución el próximo lunes, reveló ayer su presidente, Erasmo Muñoz, al tiempo que Jované entregó la dirección al director encargado, Rolando Villalaz.
Al concluir el traspaso del despacho, Jované habló con empleados que lanzaban consignas a favor de su restitución y en contra de la presidenta Moscoso.
El jurista Jaime Jované señaló que su hermano acudió al Edificio Bolívar a entregar su despacho, sin embargo, se le quería impedir la entrada, tras argumentar el comisionado Sergio Espinosa que tenía instrucciones de Moscoso de no dejarlo entrar.
Indicó que se permitió subir a Jované, luego que Villalaz bajara y hablara con las unidades de seguridad.
Detalló que interpondrán acciones judiciales ante las autoridades correspondientes, pero primero cumplirán con una serie de pasos para evitar que sean rechazados.
Cuando se dio el traspaso, al lugar acudieron funcionarios de la Contraloría de la República, quienes levantaron un inventario del despacho que dejaba el catedrático.
En tanto, Jované, al ser interrogado sobre las acusaciones que le hizo la gobernante, respondió que desde que leyó “San Francisco” perdió el miedo y que ha insistido en los métodos cívicos y la no violencia.
Los empleados lanzaban consignas como la “Caja se respeta y no se vende, que restituyan a Jovane y abajo la ye...y las medidas impopulares”.
El separado director se alejó de la institución no en su acostumbrado 4X4 color chocolate, sino en un tradicional sedan y fuertemente custodiado por funcionarios y allegados a su persona.
En tanto, el presidente de la Junta Directiva, Erasmo Muñoz, amenazó con “sancionar” a los empleados de la CSS si insisten en desarrollar protestas y paro arbitrariamente.
Indicó que en todas partes del mundo cualquier llamado a huelga o paro debe seguir un procedimiento y si los empleados no lo cumplen serán sancionados.
Añadió que esperan el próximo lunes analizar la nueva propuesta de presupuesto que presentarán los técnicos de la CSS, con los ajustes necesarios para eliminar el déficit.
La nueva propuesta del presupuesto respetará los aumentos escalonados a los funcionarios del Seguro Social y las reservas de la entidad.
Por su parte, el nuevo Rolando Villalaz, pidió a la Policía Nacional no violar la autonomía de la institución ingresando a las instalaciones, porque estas acciones le impiden realizar adecuadamente su trabajo.
“Estoy haciendo un esfuerzo porque la situación no se salga de la mano y le pido a la Policía que coopere, que no me ponga en riesgo una situación muy difícil para mí”, sostuvo.
Villalaz, quien ayer asumió en propiedad el cargo, también hizo un llamado a los trabajadores para que realicen sus protestas, pero pacíficamente.
“Hay personas que quisieran que esta institución se paralizara y perdiera todo rasgo de autonomía y no puedo estar de acuerdo con esto”, sentenció. Sobre las protestas, el ministro de Salud, Fernando Gracia, advirtió que todo funcionario de la CSS que ponga en peligro la salud de los asegurados por realizar protestas, podría ser despidido.
Señaló que el reglamento de la institución es claro y los funcionarios tienen el deber de cumplir con su trabajo, y no poner en peligro el funcionamiento de los servicios de salud. En tanto, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión de las clases hoy en las escuelas oficiales y privadas de los distritos de Panamá y San Miguelito, y la provincia de Colón.
De igual forma, el rector de la Universidad de Panamá, Julio Vallarino, ordenó la suspensión de las clases en este centro de estudios en el día de hoy. Aclaró que las actividades administrativas se desarrollarán normalmente.
Añadió que cualquier medida de paro o huelga será sometida a la Comisión Médica Negociadora Nacional.
Denunció la violación a la autonomía del Complejo Hospitalario por parte de la Policía, la cual incluso ingresó a los pisos de hospitalización.
En tanto, la Defensoría del Pueblo hizo una inspección en el Complejo Metropolitano de la CSS, donde el subdirector médico, Edgar Sagel, denunció que policías rompieron los vidrios de las oficinas del Departamento de Transporte para arrestar a unos 15 funcionarios.
El subdirector acusó a las unidades de usar gas lacrimógeno, el cual afectó principalmente a pacientes que padecen enfermedades respiratorias.
El presidente del Partido Popular, Rubén Arosemena, pidió ayer al Ejecutivo que reintegre en su puesto a Jovane para que termine su periodo.
Exigió al Gobierno no continuar con la “perjudicial” transacción de venderle bonos de la República a la CSS, puesto que le resta liquidez y no le garantiza los rendimientos esperados.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Partido Solidaridad, Abraham Martínez, condenó la violencia y la represión contra estudiantes y trabajadores que protestaron ayer contra la destitución del profesor Juan Jovane.
Exhortó a las autoridades a no promover la privatización de los servicios que brinda la institución y continuar los esfuerzos en el Diálogo Nacional por el Seguro Social para buscar una salida a la crisis que vive la entidad.
En tanto, el presidente de la Asociación Panameña de Exportadores, Guillermo Villarreal, señaló que apoyan la remoción de Jované con la finalidad de encontrar una salida dialogada al problema de la entidad y rechazó las protestas y actos de violencia espontáneos que suscitaron.
Por otra parte, representantes de grupos empresariales del país expresaron ayer su preocupación por las pérdidas económicas millonarias, que han podido causar los violentos enfrentamientos callejeros.
De acuerdo con el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pacífico Plata, cualquier manifestación afecta económicamente al país y lo único que se logra es el desasosiego, y esta protesta no es la excepción.
Por su parte, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, John Bennet, sostuvo que con estas pérdidas los más afectados serán los que menos tienen. "Es lamentable lo que ocurre, por lo que en estos momentos creemos que hay que continuar es la mesa del diálogo buscando la solución al problema".
De igual forma, la vicepresidenta del CoNEP, Digna Donado, sostuvo que la situación de la CSS es tan grave que el déficit existente aumenta en un millón quinientos mil balboas diarios, es decir cuatrocientos millones de balboas por año, por la ausencia de acciones concretas que resuelvan esta situación.
