El juez sexto penal Rubén Royo, uno de los cuatro jueces separados de su cargo por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, declaró ayer a Panamá América
Asimismo, expresó que todo el proceso encabezado por el presidente de la Corte, Harley Mitchell, busca presionarlo a que renuncie, pero advirtió que no lo hará.
Denunció la forma en que se le aplicó el acuerdo N.° 398, que sus compañeros le han denominado acuerdo Royo, si la ley no es retroactiva a menos que favorezca al investigado.
Royo manifestó que se le han violado sus derechos y que se siente impotente, pues ahora no podrá ejercer su profesión, mientras dure la suspensión que es indefinida y, sin embargo, él tiene que responder a sus obligaciones familiares, como el pago de su residencia.
En la misma situación de Royo, están el juez séptimo penal, Felipe Fuentes, el juez segundo de circuito penal de La Chorrera, Ricardo Massa, y la juez segunda de circuito civil de Colón, Xiomara Bulgin de Wilson, luego de que la Corte confirmara ayer la separación.
Causas.
Atraso en los tarjetarios, así como que los registros de entrada y salida de expedientes no estaban en orden, faltas referentes a la organización de los expedientes, incumplimientos para fijar las fechas de audiencias, figuran en la resolución de separación del juez Royo.
Dijo que el departamento de auditoría judicial es subalterno directo del magistrado Mitchell, por lo tanto, no confía en las anotaciones, porque no lo dejaron estar presente en la auditoría realizada a su despacho.
Normas.
El acuerdo N.° 398 autoriza al presidente de la Corte Suprema a solicitar la separación de un funcionario de carrera judicial, si se presume que pudo cometer una falta disciplinaria o ética grave, mientras duren las pesquisas y sin derecho a salario.
El jurista Rogelio Cruz calificó el acuerdo como inconstitucional, pues va contra el artículo 211 de la Constitución. Este indica que los magistrados y jueces no serán suspendidos en el ejercicio de sus cargos si no según formalidades que disponga la ley.
Royo afirma que el acuerdo N.° 398 aprobado por la Corte es para atacarlo.
