Amás de dos años de iniciada la investigación, aún el caso de la quiebra fraudulenta del Grupo Adelag, está muy lejos de resolverse, luego que la juez décimo quinta, Georgina Tuñón, decidiera no acoger un desestimiento de la acción penal.
La juez Tuñón estimó que los delitos contra la economía nacional, por el que se investiga a los directivos de Adelag, no son desistibles.
Además, sostiene que puede perseguirse de oficio por parte del Ministerio Público.
La solicitud de desestimiento fue presentada el pasado viernes durante la audiencia preliminar a los procesados en este caso.
El abogado Carlos Carrillo, representante legal de los directivos del Grupo Adelag, confirmó que se alcanzó un acuerdo por parte de los directivos de Adelag y sus acreedores.
Carrillo, quien no dio detalles del acuerdo, señaló que el plan fue incluso aceptado por los bancos a los que el grupo debía dinero.
Sin embargo, detalló que este acuerdo debe ser aprobado por la Junta de Acreedores, en un acto que se debe realizar en el despacho de la juez.
Carrillo calificó como incomprensible la decisión del juzgado, ya que existiendo un acuerdo entre las partes, la quiebra queda sin efecto.
Los propietarios del quebrado Grupo Adelag, los hermanos Aquilino y Carlos de la Guardia, han presentado una gran cantidad de recursos legales.
A los dos se les acusa del supuesto delito contra la economía nacional, en un caso promovido en el ramo civil por un grupo de bancos y que luego siguió de oficio el Ministerio Público.
A pesar del consenso alcanzado la semana pasada entre los hermanos de la Guardia con el grupo de bancos, proveedores y tenedores de bonos afectados con la quiebra, que dejó pérdidas por unos B/ 120 millones, el Ministerio Público mantendrá su acusación.
La posible prescripción de este caso llevó al Magistrado Presidente de la Corte, Harley Mitchell, a ordenar una auditoría de todos los despachos judiciales que manejaron este expediente.
Esta auditoría incluye a tribunales superiores, juzgados de circuito penal y civil.
De encontrarse alguna irregularidad en el trámite, que produjera el estancamiento del proceso, se podrían aplicar sanciones de carácter administrativo para los funcionarios judiciales.
Datos.
Tras conocer la decisión de la juez, la defensa de los hermanos Aquilino y Carlos de La Guardia anunció la presentación de nuevos recursos legales.
La auditoría de los expedientes de Adelag y Fotokina fue ordenada por la Sala Cuarta de la Corte el pasado 18 de marzo.
