Todo empezó a raíz de una discusión entre dos familias de San Antonio. /Foto Archivo Epasa

Todo empezó a raíz de una discusión entre dos familias de San Antonio. /Foto Archivo Epasa

El comisionado Roberto Castillo y el fiscal de liquidación de familia Orestes Pittí fueron imputados de cargos por el delito contra la administración pública en el caso de la joven Ana Laura Fernández.

Fue una juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio quien formuló los cargos contra ambos funcionarios.

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La jueza también ordenó las medidas cautelares de impedimento de salida del país y no acercamiento a lugares laborales a favor de la víctima y otras tres personas: Roberto Suárez, esposo de Ana Laura; Pedro Fernández, el padre de esta, y Gustavo Bailey, el abogado de la familia y que se constituyó como querellante en ese proceso.

Este caso data de 2014, cuando dos familias en San Antonio tuvieron un altercado que concluyó en un pleito. A partir de allí, Ana Laura pasó por un calvario de supuestos abusos por parte del comisionado Castillo, quien aparentemente es familiar de los vecinos de Ana Laura.

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