Las investigaciones para determinar si hubo malversación en la donación otorgada por el gobierno de Taiwán para el Museo del Tucán, podrían tener un freno legal.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia en un fallo del año 2003, al resolver un recurso de hábeas data cuyo magistrado ponente era Arturo Hoyos, solicitó un informe acerca de las donaciones efectuadas a fundaciones de interés público que constituyen el Estado.
Luego de ser admitida la acción de hábeas data, el representante legal de la Fundación Mar del Sur, Fernando Gracia, ex ministro de Salud, señaló que el Decreto Ejecutivo No. 135 de octubre de 2001, no regía para la fundación, ya que era de interés privado.
El Pleno coincidió con los planteamientos del doctor Gracia, al determinarse que los fondos que recibía la fundación son privados.
Los votos favorables a la decisión de la Corte en este caso, estuvieron a cargo de ocho magistrados. quienes negaron la acción de hábeas data presentada por la firma Cochez, Pages, Martínez.
El magistrado Adán Arnulfo Arjona hizo el único salvamento de voto señalando que la junta de síndicos de la Fundación Mar del Sur estaba integrada por servidores públicos.
Panamá América publicó la auditoría realizada a los B/. 6 millones donados por Taiwan al Museo del Tucán. De los cuales se estableció que al menos B/. 4.4 millones fueron desviados. La auditoría sería remitida a la Corte.
