El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunció la designación de una comisión de juristas, quienes se encargarán de reunir las pruebas sumarias y promover las acciones pertinentes ante "los desmanes cometidos en la elección de la Junta Directiva del Consejo Municipal de Panamá".
Un comunicado del CEN del PRD señala que este colectivo ha sido tolerante frente al gobierno, sin embargo, ante lo ocurrido en el Consejo capitalino, exigen respeto a las instituciones y a la democracia, y reitera que "nadie" debe estar por encima de la Constitución y la ley.
Para defenderla, asegura, serán intolerantes y no harán ninguna concesión.
El PRD también criticó el uso político que el actual gobierno le ha dado a la Policía Nacional, demostrado en el asalto a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y en la reciente intervención de ese organismo de seguridad en el Consejo Municipal, para desconocer la elección de su Presidente, que resultó ser el representante Armando Salazar, miembro del colectivo.
Señalan que la gravedad de estos hechos establecen serias dudas sobre la obligación constitucional del gobierno arnulfista de respetar las instituciones democráticas y constituyen un peligroso precedente para futuras elecciones.
En su comunicado, el colectivo político manifestó que el pueblo panameño ha sido testigo de la conducta impropia de los asesores presidenciales frente al manejo de las distintas coyunturas políticas vividas a partir del 1° de septiembre de 1999.
Agrega que han sido evidentes los métodos de presión, la intimidación y la compra de consciencias, tanto en la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, como en la fallida imposición de Guillermo Endara para magistrado de la Corte Suprema de Justicia y, ahora, en la elección de la directiva del Consejo capitalino.
Denunció que las instrucciones hechas públicas por la Presidenta de la República para convocar a nuevas elecciones en el Consejo capitalino, constituyen una flagrante violación a la autonomía del régimen municipal establecido en la Constitución acional.
El comunicado advierte que el gobierno arnulfista viene actuando intencionalmente contra los gobiernos locales, así incumpliendo su promesa de campaña no trasladó las partidas circuitales a las Juntas Comunales, sino que disminuyó los recursos asignados a los consejos provinciales y comunales, a los municipios y a las juntas comunales.
Además, el Programa de Inversiones Locales (PROINLO), manejado anteriormente por los representantes de corregimiento, fue pasado al control del Fondo de Inversión Social (FIS), convirtiéndolo en un aparato de clientelismo, donde se asignan los recursos a los caciques políticos que responden a los lineamientos arnulfistas, en detrimento de los representantes electos por sus comunidades.
A lo anterior se añade el mal manejo de dos temas de Estado, como son las relaciones con Estados Unidos y la situación económica del país, que se da de espaldas a los intereses nacionales, sin transparencia y sin las consultas que estos asuntos demandan. Cita como ejemplo, el hecho que el Canciller de la República firmó una carta-compromiso con el Gobierno estadounidense sobre temas de seguridad, sin aclarar su contenido y "de sospechosos alcances".
Para el comité ejecutivo del PRD estos hechos demuestran que el gobierno arnulfista no está preparado para establecer con la oposición ninguna agenda de Estado y mucho menos para dialogar. Denunciaron que hasta el momento, no han dado ningún paso en serio para promover el diálogo, pero eso sí, muchas señales dirigidas a desalentarlo.
A juicio del colectivo político a la presidenta le corresponde garantizar un clima de confianza en el país.
A pesar de las conductas ilegales mencionadas, que inclusive se aproximan a violaciones de carácter constitucional, el PRD confía en que la mandataria sabrá superar la coyuntura, modificando las conductas de sus subalternos, que le impiden cumplir cabalmente con las responsabilidades de su cargo.
En ese sentido, el PRD formuló un llamado a todos los sectores políticos, empresariales y sociales y a las iglesias del país, para que se pronuncien en defensa de dichos principios, y llamen la atención de la presidenta a fin de que prevalezca la sensatez y el ejercicio de la democracia para resolver las diferencias políticas.
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