EL NARCOTRÁFICO ha tratado siempre de penetrar el sistema judicial y los organismos de investigación y seguridad. Se trata de un argumento tan "delicado", que quienes conocen la materia prefieren mantenerse al margen. Sin embargo, un reciente fallo emitido por los magistrados del Segundo Tribunal de Justicia dio la alerta.
Cuando el 15 de diciembre de 2004 los magistrados Andrés Almendral y Rolando Quezada decidieron poner en libertad a los implicados en un caso de drogas, las voces de protesta no se hicieron esperar, tal como la del fiscal primero de Drogas, Patricio Candanedo.
Para él, este fallo fue improcedente, porque no era el mecanismo que se debió aplicar y además no está regulado por el artículo 2294 del Código Judicial.
Siendo así, 13 días después del fallo, Candanedo interpuso un amparo de garantías constitucionales sobre lo actuado por Almendral y Quezada. El funcionario adujo que la demora en la presentación del recurso se debió a que había que estudiar qué medida procesal se aplicaría.
Al respecto, Carlos Vásquez, presidente del Colegio de Abogados, reconoció que de comprobarse la influencia del narcotráfico en nuestra justicia, sería "lamentable y muy peligroso", por lo que ya solicitó al fiscal Candanedo que amplíe los detalles de este caso. Desde hace unos años viene comentándose que el narcotráfico alcanza a los "altos niveles de la magistratura".
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