En los casos de corrupción no es suficiente decir que se van a despedir a los funcionarios corruptos, sino investigar sus actos y si existe delito contra la administración pública hay que "sancionarlos", según lo prescribe la ley, señala un comunicado de la Comisión de Justicia y Paz.
"Sólo cuando los diferentes órganos del Estado y la ciudadanía en general asuman una lucha frontal contra la corrupción será posible crear un ambiente favorable para una inversión productiva y la lucha contra la pobreza", indica el documento.
Añade que con interés este organismo de la Iglesia Católica ha constatado la iniciativa del Ejecutivo, de propiciar el crecimiento económico y combatir la pobreza, mas sin embargo, "una de las causas que impiden este mayor crecimiento son los constantes rumores sobre la corrupción en los diversos estratos de la Administración Pública".
El comunicado reconoce el compromiso del gobierno nacional de luchar contra la corrupción y que ha quedado de manifiesto con el anuncio de la creación de la Oficina Contra la Corrupción, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, entidad de la que Justicia y Paz, espera pueda actuar con autonomía.
No obstante, este organismo considera que en un Estado de Derecho hay órganos específicos a quienes le compete hacer las investigaciones.
"En nuestro caso, es el Ministerio Público, la instancia que por mandato constitucional le corresponde realizarlas", puntualiza el comunicado.