Alianza Ciudadana Pro Justicia presentó un informe sobre la situación de la justicia administrativa impartida por corregidores y jueces nocturnos.
En este informe, recomiendan al Gobierno eliminar las corregidurías y los juzgados nocturnos y crear una nueva Justicia de Paz tal y como está establecido en el Pacto de Estado por la Justicia.
Magaly Castillo, coordinadora de Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que en el juzgado de San Felipe, ubicado en una zona peligrosa, es el único disponible para los residentes de Tocumen, Juan Díaz y Mañanitas, quienes tienen que viajar hasta esa área para presentar sus denuncias.
En febrero de este año, realizaron un recorrido por los juzgados nocturnos de Panamá y San Miguelito y se determinó que el mobiliario se encuentra en mal estado, hay poca colaboración de la Policía en cuanto a vigilancia. Además, los juzgados cuentan con celdas de detención de pequeñas dimensiones para la cantidad de detenidos que llegan.
Incluso, muchas veces no se les informa a las personas detenidas sobre sus derechos y no hay un personal encargado de la orientación.
En el informe se destaca también que cuando las personas acuden a estas instancias no lo hacen en compañías de abogados.
También se dieron muchas quejas sobre el trato inadecuado para las víctimas de delitos.
Además se presentó un diagnóstico de dos auditorías realizadas en el 2002 y 2008, sobre la situación de las corregidurías, las que reflejaron la politización en la escogencia de la figura del corregidor y la inestabilidad en el cargo.
En el interior del país, la mayor parte de los corregidores presentan baja escolaridad, no existe un personal capacitado para resolver los conflictos y no se brinda atención interdisciplinaria para atender la violencia doméstica o vecinal.
En algunas corregidurías se ha juzgado por el delito de violencia doméstica cuando no es materia de su competencia.
En el informe se señala que la justicia administrativa de policía es obsoleta y no atiende el problema de la violencia. Es una justicia que vulnera las garantías y los derechos de los ciudadanos.
