La institución ha experimentado una transformación radical en la última década y ahora se proyecta con gran fuerza en la consolidación de nuestra democracia y en el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho.
I. METAS ALCANZADAS.
Desempeñé el cargo de Presidente de la Corte Suprema durante seis años ( 1994- 2000) Creo conveniente destacar algunos aspectos de ese período que estimo tienen especial relevancia para evaluarlo.
1. Creación de nuevas instituciones judiciales: De 1903 a 1993 se crearon 6 Tribunales Superiores de Justicia. En este sexenio se crearon 4 Tribunales Superiores, a saber: El de Familia, el de la Niñez y Adolescencia , el de Asuntos de la Competencia y Protección al Consumidor y el Tribunal Superior de Trabajo con sede en Santiago. Esto implicó un aumento de cerca de setenta por ciento en las jurisdicciones de apelación y mayor acceso a la justicia.
Además, se crearon la Jurisdicción de Familia y la de Asuntos de la Competencia y Protección al Consumidor con juzgados de circuito y municipales; la Oficina de Prevención de Conductas contrarias a la tica Judicial, la Oficina de Protección a las Víctimas de Delitos y veinte Juzgados de carácter temporal en las jurisdicciones civil y de familia .
2. Profesionalización de la judicatura: Durante este período avanzó enormemente la carrera judicial que hoy cobija a más del sesenta por ciento de los servidores judiciales que pueden ingresar a ella, por lo que el ingreso y el ascenso a cargos judiciales se efectúa por los méritos de las personas y no por consideraciones políticas.
3. Alejamiento del Organo Judicial de la política partidista: En este período se dieron dos elecciones generales (1994 y 1999), en ambas triunfó la oposición al gobierno sin interferencias ni intervención de la judicatura en estos procesos que culminaron con transferencias pacíficas del poder. Por otro lado, la actitud apegada a derecho que asumimos ha evitado la criminalización de la política en nuestro país y el Organo Judicial no se ha utilizado para perseguir a ninguno de los opositores políticos de los tres gobiernos bajo los cuales he actuado como Presidente de la Corte.
4. Modernización de la justicia penal y de la justicia civil: A iniciativa nuestra se adoptó la Ley 31 de 1998 de Protección a la Víctimas del Delito y la Ley 1 de 1995 que introdujo nuevas instituciones al proceso penal, tales como la audiencia preliminar, el
proceso abreviado y el juicio directo. También culminó, con la ayuda de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), un programa de modernización penal.
En materia civil se preparó un amplio proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fue diseñado entre 1994 y 1998. En 1999 empezó a ejecutarse y el primero de sus componentes, el Plan de Descarga de la Justicia Civil y de Familia, se desarrolla con gran éxito a través de la creación de veinte juzgados temporales: desde su creación en abril hasta agosto los Juzgados temporales resolvieron 22,800 procesos pendientes lo que equivale al 22% de los asuntos atrasados en materias civil y de familia.La ejecución de este proyecto ha sido presentada como un modelo para los países en desarrollo por el BID.
Todos los tribunales aumentaron su eficiencia mediante la incorporación de nuevas tecnologías informáticas: Más de quinientas computadoras personales y nuevos programas de acceso a jurisprudencia constitucional, de Habeas Corpus, de Amparo de Garantías Constitucionales y Contencioso Administrativa . Igualmente se crearon bibliotecas judiciales en las diferentes sedes regionales del "rgano Judicial.
5. Mejoramiento de condiciones de trabajo de los servidores judiciales: Ha iniciado operaciones una clínica de salud ocupacional y un centro de atención a hijos de servidores judiciales. Se lograron equiparaciones salariales entre los Magistrados de Tribunales Superiores, Defensores de Oficio Distritales y Secretarios de la Corte con los Viceministros, tema que estaba pendiente desde 1967 cuando se aprobó la ley. Igualmente se equipararon los salarios de los jueces de trabajo a los de los jueces de circuito, tema regulado en el Código de trabajo de 1947 que se ejecutó en 1995 . Además, los despachos judiciales de San Miguelito y Panamá se ubicaron en nuevas sedes y varios locales del interior fueron remodelados.
6. Celebración de convenios con instituciones universitarias y de atención a menores: Se han suscrito acuerdos con universidades locales que permiten la incorporación de nuestra juventud a las tareas del Organo Judicial, se le permite a dichos estudiantes una alternativa a la tesis de grado para acceder a su título profesional y se facilita el acceso de los servidores judiciales a estudios universitarios de post-grado. Otros convenios persiguen mejorar la atención a menores infractores y en situaciones de riesgo social.
7. Nueva proyección internacional de la Corte Suprema: En 1995 se creó la Organización de Cortes Supremas de las Américas , su Secretaría se estableció en Panamá y fui elegido como su primer Presidente por los jueces supremos de 22 países.
8. Recuperación de funciones judiciales que desempeñaba el Organo Ejecutivo: En los años ochenta el jurista Octavio Amat había advertido sobre la atomización de la función judicial en varios órganos del Estado. Con la creación de la jurisdicción de asuntos de la competencia el Organo Judicial empezó a impartir justicia en materia de marcas de fábrica, tarea que por seis décadas desempeñó el Organo Ejecutivo. Este también tuvo a su cargo, hasta 1995, la Jurisdicción de Menores que pasó al Organo Judicial en ese año y desde 1999 se denomina de Niñez y Adolescencia.
9. Tutela de los derechos fundamentales: Tanto la libertad personal como la de expresión han sido celosamente protegidas por la Corte frente a detenciones ilegales o medidas de clausura de programas de televisión. Los derechos sociales de los consumidores y de la familia han alcanzado nuevas cimas de tutela y el derecho de propiedad ha sido igualmente protegido: la Corte ha declarado inconstitucionales numerosas expropiaciones de propiedades en las que se había omitido una justa compensación contribuyendo así a la seguridad jurídica de las inversiones.
II. NUEVA PROYECCI"N SOCIAL DE LOS JUECES
El papel que desempeñan los jueces en nuestra sociedad ha sufrido grandes transformaciones con el advenimiento de la democracia y de una verdadera edad de los derechos humanos. La expedición de numerosas leyes y la ratificación de convenios que otorgan derechos a ciertos grupos, como los trabajadores, padres y madres, menores de edad, propietarios de marcas de fábrica y de patentes industriales, consumidores y empresarios que compiten en los mercados nacionales e internacionales, todas con preceptos abiertos y conceptos jurídicos de contenido variable hacen que los jueces hayan asumido un papel más amplio que el tradicional de decidir conflictos. Los jueces han tenido que asumir nuevas funciones que los colocan como gestores o componedores en el campo económico-financiero y en la vida familiar al igual que en el terreno de los derechos en el que han asumido el papel de garantes de los derechos individuales y sociales. En el campo penal los jueces ejercen mayores y nuevos poderes en la persecución de nuevas formas de criminalidad organizada y transnacional y tienen mayor incidencia en la familia por la legislación que reprime la violencia familiar y nuevas conductas criminales.
III. LAS TRANSFORMACIONES DEL PROCESO JUDICIAL Y LOS NUEVOS DESAFIOS PARA LA SOBERANIA DEL ESTADO PANAMEÑO
El proceso judicial también ha experimentado cambios radicales en estos años . En lo que actualmente se considera un proceso justo,
un debido proceso, se dan, al menos, cinco nuevas dimensiones: 1. La posibilidad de prever medios alternativos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, la conciliación y la mediación; 2. La creciente participación en el proceso judicial de grupos sociales como trabajadores y consumidores organizados, grupos de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente entre otros; 3. La adopción de procesos abreviados que restringen algunos elementos del proceso tradicional, tales como los recursos y las excepciones, para hacer más expedita la tramitación del proceso, como ocurre con la Ley 1 de 1995 que prevé el proceso abreviado en materia penal y eliminó los recursos judiciales contra el auto de llamamiento a juicio; 4. El desplazamiento del proceso hacia nuevos objetivos sociales como es palpable en nuestro proceso penal, antes sólo de corte garantista para el imputado y ahora también encaminado a proteger los intereses de las víctimas del delito según la Ley 31 de 1998; 5. La irrupción de procesos en tribunales internacionales de derechos humanos y la erosión del principio de territorialidad en la conducción del proceso, como lo ilustra el caso del General Pinochet , acompañado esto por tratados de asistencia legal mutua, desarrollos que colocan bajo un nuevo prisma la soberanía del Estado nacional.
El último aspecto cobra especial relevancia pues Panamá ha luchado durante el siglo XX precisamente para hacer prevalecer su poder soberano sobre todo su territorio. Esta lucha ha generado un grado elevado de unidad nacional en torno al tema de la soberanía y al rechazo de límites jurisdiccionales impuestos por tratados internacionales, como el Hay-Bunau Varilla . Habrá que manejar con gran cautela y pragmatismo lo referente a la dimensión internacional del proceso para hacerla compatible con nuestras luchas históricas y cooperar con otros países cuando convenga al interés nacional, como en los casos de narcotráfico, terrorismo y degradación ambiental.
IV. LAS NUEVAS TAREAS
La presencia ampliada de los jueces en nuestra sociedad , las nuevas dimensiones del proceso judicial y el mayor acceso a la justicia especializada que se ha abierto en estos seis años también generan mayores expectativas y demandas sociales de una justicia eficaz y expedita. Esos factores, sin embargo, han agravado el problema de la sobrecarga judicial . Por ello debemos continuar con nuestros programas de descarga de los casos acumulados y mantener los altos niveles de productividad que ha alcanzado la judicatura con la incorporación de las tecnologías informáticas y el mejoramiento de su perfil educacional. A nivel de la Corte Suprema que hace una década atendía cerca de setecientos casos al año y en 1999 atiende más de tres mil habrá que pensar en darle a la Corte potestad discrecional para la admisión de ciertos asuntos, como los amparos de garantías constitucionales, tal como se ha hecho ya en Colombia y en Argentina.
En un mundo cuyas principales fuerzas motrices son la democracia y el capitalismo con su despliegue de innovaciones tecnológicas y creación de riqueza, pero acompañadas de la desintegración de la familia y nuevas formas de criminalidad se presentan a la Corte y a los jueces al menos cuatro grandes tareas: 1. Se hace necesario controlar a las mayorías políticas para garantizar a todos el goce efectivo de sus derechos fundamentales; 2.Es preciso proteger la propiedad (intelectual y material) y la ejecución de los contratos y, por otra parte, controlar las prácticas monopólicas y restrictivas de la competencia económica para asegurar una óptima asignación de recursos y proteger a los consumidores; 3.Reprimir la violencia intra-familiar y procurar que el Código de la Familia sea una fuerza integradora y no disociadora de la familia; 4.Hacer frente con los recursos nacionales y con la cooperación internacional a la criminalidad violenta, organizada y transnacional a fin de proteger a todos contra la violencia arbitraria.
Eso será posible si se asignan a la institución recursos suficientes, y se respetan la separación de poderes y la independencia judicial, la cual desaparecerá si se introduce la política partidista en el Organo Judicial.
En estos seis años se ha fortalecido nuestro Estado de Derecho en gran medida como consecuencia de la labor de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido ésta una época de florecimiento de las libertades públicas y de fortalecimiento de la independencia judicial. Para mí constituyó un gran honor haber presidido la Corte en un período de gran renovación de la función judicial, factor crucial en la estabilidad política y el progreso económico de que hemos disfrutado.
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