El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró, por mayoría, que no ha prescrito la acción penal que se le sigue a la procuradora general de la Nación (separada), Ana Matilde Gómez Ruiloba, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, en perjuicio del ex fiscal Arquímedes Sáez Castillo.
El fallo indicó que en este proceso no se debate lo referente a las escuchas de comunicaciones telefónicas, como lo plantea la defensa de Gómez; por el contrario, la acción cuestionada es la de autorizar esas intervenciones y grabaciones telefónicas y de conversaciones, lo cual debe realizar mediante previa autoridad judicial. Los agentes de instrucción (Ministerio Público) no cuentan con tal autoridad, detalla un comunicado de la Corte.
El escrito agrega que la conducta realizada por Gómez Ruiloba es adecuada al supuesto delito de abuso de autoridad, que es una modalidad de los delitos contra la administración pública.
La CSJ indicó, además, que a la sindicada se le ha garantizado el debido proceso, pues el funcionario de instrucción ha cumplido con lo establecido en las normas de procedimiento para recibirle declaración indagatoria y aplicarle medidas cautelares; entre otras cosas.
La resolución cuenta con los votos razonados de los magistrados Harley James Mitchell, Oydén Ortega y Jerónimo Mejía.
