En los últimos años, Panamá se ha convertido en un sitio atractivo no solo para visitantes que vienen con la intención de conocer los sitios turísticos, sino para aquellos que salen de sus tierras por cuentas pendientes con la justicia.
En lo que va del año 2012, un total de 16 extranjeros fueron detenidos por las autoridades panameñas en diferentes puntos del Istmo, tras comprobarse que eran requeridos en sus países de origen, según informes de las autoridades.
Muchas de las solicitudes que se presentaron fueron por casos relacionados con la comisión de delitos como falsificación y contra la vida e integridad personal, entre otros. Sin embargo, prevalecen los delitos que están relacionados con drogas.
En cuanto a los 16 requeridos, once fueron detenidos por solicitud de Estados Unidos, una por petición de Holanda, una por Italia, dos por Israel y otra por Canadá. De ese total, siete ya fueron repatriados, mientras que en los otros nueve casos se están realizando los trámites pertinentes.
Uno de los casos más recientes fue el de un ciudadano canadiense, de 49 años, quien fue localizado el pasado mes de marzo en La Palma, sector de Coronado.
El individuo fue ubicado y retenido en una operación que desarrolló la Interpol, junto con otras instancias de la Policía Nacional, entre ellas la DIJ y el Ministerio Público, a raíz de un requerimiento que presentaron las autoridades canadienses, ya que mantenía 22 cargos por homicidio al estar supuestamente vinculado en la banda delictiva “Ángeles del Infierno”, organización que opera en la ciudad de Quebec.
Procedimiento.
Gloria Silva, jefa de la Oficina Central Nacional de Interpol-Panamá, explicó que el proceso para hacer efectiva una detención se formaliza mediante una solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que se proceda con la detención preventiva, con fines de extradición, de una persona en particular de la cual se tiene sospecha de que está en territorio panameño.
Una vez que se acepta la solicitud, por parte de las autoridades panameñas, el caso se remite a la Procuraduría General de la Nación para que expida una orden de detención preventiva, agregó Silva.
Posteriormente la nota es enviada a la Policía Nacional para que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), junto con la Oficina Central de Interpol, realice las diligencias para la ubicación y posterior detención del requerido.
“Luego de darse la acción policial, al individuo se le explican las causas por las que se le aprehende y se procede con los trámites respectivos, pero respetándole todas las garantías que determina la Constitución Nacional para con todos los ciudadanos, junto con los regulados en la Convención de Viena, que establece además que tiene el derecho a su representación diplomática.
El Gobierno requirente tiene hasta 60 días para sustentar con pruebas la solicitud de extradición del detenido.
Después, la persona es puesta a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en muchos casos, ellos -por decisión propia- deciden afrontar de manera voluntaria y rápida el tema de la extradición.
En otros casos, prefieren continuar con el proceso de extradición y presentar todos los recursos que la ley les permite para evitarla.
El Gobierno de Panamá, luego de agotados todos los recursos legales, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, procede con la extradición de los capturados.
Casos de Panamá.
En el caso de panameños que son requeridos por la justicia y que estaban fuera del país, se logró traer de vuelta -el pasado mes de abril- a dos conciudadanos procedentes de Perú, por tener pendientes cargos por el delito de homicidio.
