La verdad de las cárceles

Graves violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad se han palpado en la más reciente encuesta psicosocial aplicada a nivel nacional a 10, 687 personas que permanecen recluidas en los penales.
Los resultados corresponden al 99% de la población penitenciaria. La encuesta, a la que tuvo acceso el Panamá América, fue realizada en los meses de febrero y marzo de 2006 por la Defensoría del Pueblo.
En el documento se plasma la vulneración de los derechos humanos de los internos e internas de los penales, las condiciones infrahumanas en que conviven, la falta de servicios médicos y la mala calidad de los alimentos.
La mayoría de los reos duerme en hamacas y en el suelo; mientras que en los penales no hay programas de rehabilitación que permitan su resocialización.
La falta de acceso al patio, restricciones en las comunicaciones, ausencia del contacto con un abogado y castigos son solo algunos de los hechos que constató la Defensoría.
En Panamá hay unos 11, 649 privados de libertad a nivel nacional.
Ante estas revelaciones, la entidad de derechos humanos recomendó la promoción con urgencia de la aprobación del Protocolo facultativo a la convención contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La entidad pidió fortalecer una estructura de coordinación interinstitucional, que garantice el seguimiento, cumplimiento y alternativas frente a los problemas del Sistema Penitenciario, de manera que se asuma como una política de Estado.
Además, exhortó al Gobierno a integrar el Consejo de Política Penitenciaria y el Consejo Técnico del Sistema Penitenciario, tal como lo establece la Ley 55 de julio de 2003, con el fin de humanizar el sistema.
Al respecto, Juan Antonio Tejada, ex defensor del Pueblo, determinó que al finalizar su gestión se formuló esta encuesta, que confirmó que los niveles de hacinamiento, problemas de salud, falta de atención médica y toda una serie de situaciones ubican a las cárceles como un sistema donde se vive de manera infrahumana.
"Si bien hay un esfuerzo por parte del Gobierno, no se ha terminado por ubicar un escenario diferente, no hay resultados notables distintos a los que venimos viendo en los últimos años en las cárceles", argumentó.
Tejada hizo una advertencia. Si Panamá no cumple con velar por las condiciones dignas para los privados de libertad, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le va a llamar la atención.
El nuevo director del Sistema Penitenciario Nacional, Carlos Landero, sabe que tiene una "bomba de tiempo" entre las manos.
Landero, quien en las últimas semanas ha visitado las cárceles y está conociendo la realidad que se vive en este sistema, asegura que hará que la permanencia de los internos en los penales sea más llevadera, respetando los derechos humanos.
Se comprometió a reivindicar esta situación. Su primer paso fue efectuar una reunión con el Consejo de Política Penitenciaria, entidad que abordará en primera instancia el anteproyecto de libertad condicional.
"Hay que hacer de todo, desde reformular algunos programas básicos de resocialización implementando los diferentes programas de educación y de cárceles abiertas", indicó.
Esta Ley posibilita ejecutar acciones precisas como la sustitución de la seguridad interna de los penales, las cuales recaerán en custodios civiles.
Esta iniciativa debe implementarse a más tardar en dos años. Además, pretende poner en funcionamiento la Academía de Formación de los Custodios Penitenciarios y aplicar la carrera penitenciaria.
En cuatro años pretende ejecutar todos estos proyectos. Pero estos planes exigen la asignación de partidas como establece la Ley 55. Actualmente, el Sistema Penitenciario funciona con un presupuesto estimado en B/. 12 millones.
Landero insiste en que para poder aplicar una política penitenciaria de forma científica se necesitan recursos.
Reconoció que los únicos recursos que favorecen al sistema penal panameño son los otorgados por la Comunidad Europea, canalizados en diferentes proyectos en fase de ejecución.
Unas de sus prioridades son conseguir apoyo para la construcción de una clínica de hospitalización y cirugía menor con 60 camas para La Joya y la sistematización de datos para obtener una red establecida en los centros penales, el Organo Judicial, Ministerio Público y la Policía Técnica Judicial (PTJ).
Otros proyectos en ejecución se refieren a la toma de huellas dactilares, digitalización y fotografías de los detenidos, actividad coordinada con la PTJ y la Policía Nacional. También se plantea establecer la clasificación de los delitos cometidos por los internos y el mejoramiento del recurso humano a nivel administrativo.
De acuerdo con el nuevo director del Sistema Penitenciario, el principal problema que enfrentan las cárceles es el hacinamiento. Según Landero, sólo 48% de los detenidos están condenados. El resto son personas en procesos judiciales en el Organo Judicial y el Ministerio Público.
En muchos centros penales no se pueden cumplir programas de resocialización y rehabilitación, porque hay que estar presentando los recursos para la atención de personas que están en proceso y que no están debidamente condenadas, explicó.
"Si hablamos de mediación, arbitraje y conciliación a través de la Comisión Codificadora, no será necesario tener en las cárceles personas que estén en proceso", planteó.
Landero está de acuerdo en que para solucionar los problemas de las cárceles hay que aplicar más medidas cautelares. Explicó que hay una multiplicidad de personas que salen libres después de estar recluidas en un centro penal y resulta que no tienen responsabilidad penal.