La secretaria general del Ministerio de Vivienda (MIVI), Alicia Jiménez, lamentó las declaraciones de algunas autoridades locales del distrito de Arraiján, que se oponen al traslado de familias que resultaron damnificadas por incendios en la Boca Town, hacia las áreas revertidas en ese distrito. De acuerdo con versiones periodísticas, el alcalde de Arraiján, Jaime Barroso, se habría opuesto al traslado de los damnificados de Río Abajo hacia ese distrito.
En tal sentido, Jiménez dijo que en estos momentos el MIVI tiene disponibilidad de terrenos en ese sector, y que "aquí panameños somos todos", y la jurisdicción que maneja el ministerio comprende toda la República de Panamá no como lo ve un representante, un alcalde o un legislador. Jiménez no cree que el rechazo venga por parte de la comunidad, pues todos "somos ciudadanos panameños".
La funcionaria no acusó directamente a ninguna autoridad en especial por este rechazo, pero manifestó que esta situación será subsanada lo más pronto posible. Detalló que de las 35 familias que fueron ubicadas en el gimnasio Reynaldo Grenald, un total de 13 ya tienen terrenos aislados en el sector de Arraiján y en tal sentido el MIVI ha dado instrucciones para que se proceda con la venta de los materiales para la construcción de sus viviendas.
Sin embargo, agregó que el resto de las familias no han mostrado interés en adquirir una alternativa de viviendas y se mantienen en la estructura deportiva, situación que se torna un tanto difícil para el ministerio ya que hay un compromiso de devolver el centro deportivo a la comunidad.
Pero a pesar de la negativa de estas familias de abandonar el gimnasio, el MIVI próximamente adoptará una decisión. Cuando suceden este tipo de situaciones en que las familias quedan damnificadas, el principal problema es que las personas no quieren salir del área donde han residido históricamente.
Las fuentes de financiamiento provienen del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia y se dirigen a proyectos de producción. También se reciben porcentajes (del 5 al 15%) de las campañas nacionales de Cuaresma que se realizan en las diócesis. Además se reciben colaboraciones de Cáritas extranjeras que tienen mayor capacidad financiera. Aclaró que las donaciones se reciben y aplican sin ningún condicionamiento en lo que respecta a orientación del trabajo. Destacó que recibieron invitaciones para que Cáritas ejecutara inversión proveniente de las Partidas Circuitales a través de becas a los estudiantes. La propuesta fue rechazada por considerar que son una organización de iglesia que se mueve por una visión de fe, pero que es igualmente responsable con la realidad social y política del país donde trabaja. Las partidas circuitales son ilegales.
Agregó Endara que la proliferación de las ONG debe investigarse; identificar de dónde provienen sus fondos y qué cuentas rinden a la sociedad. Muchos sectores sociales que acumulan riqueza tratan de justificarla a través de las donaciones que hacen a las ONG, toda vez que están exentas de impuestos.
Los directivos de algunas ONG tienen una vinculación muy estrecha con los directivos de empresas donantes. Esto es una forma de corrupción, advirtió Endara. Recordó que en alguna época Cáritas se vio semi paralizada en sus labores debido a que algunos donantes querían decidir de antemano el enfoque y metodología de trabajo. Cáritas se ha negado a dichas propuestas, indicó. Agregó que en la actualidad existe una serie de ONG que reciben fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID), que vienen con propósitos bien definidos. En lo que respecta a la Cuenca del Canal de Panamá existe financiamiento sospechoso para la titulación de tierras que se presume podrían ser inundadas. Por ésta y otras razones Cáritas, critica acremente a la Administración del Canal y se opone al proyecto del tercer juego de esclusas porque supondría la inundación de tierras de la cuenca donde residen numerosas familias campesinas.
Indicó Endara que existen ONG que han hecho consultorías para acompañar los procesos eclesiales de reflexión y análisis de la realidad social de dicha población. Estos consultores y consultoras no son bien vistos por la población y no pueden llegar a estas áreas porque son rechazados.
Roxana Méndez, Directora Ejecutiva de la organización, manifestó que el impacto logrado se debe al trabajo de sensibilización de la opinión pública sobre la realidad que vive la niñez en pobreza y trabajo infantil. Destacó el papel de los medios de comunicación que ha permitido a la ciudadanía conocer su labor. Explicó que la oferta de servicios que se llevan a la niñez y adolescencia han logrado resultados positivos: disminución del trabajo infantil en las zonas urbanas y rurales. "Tenemos un sistema de monitoreo", destacó. Esto permite divulgar los logros, los que se convierten en verdaderas garantías para las empresas que desean invertir socialmente en la niñez a través de Casa Esperanza. En la práctica han surgido alianzas con las empresas y poder desarrollar proyectos conjuntos. En efecto, la cobertura de atención institucional ha aumentado y en 1992 Casa Esperanza reportó 100 beneficiarios y para el año 2001 la cobertura fue de 3,224 beneficiarios/as entre niñez y adolescencia, adultos, padres, y madres. En la actualidad tiene siete Centros de Atención Integral que brindan servicios de educación, nutrición, salud, educación en derechos humanos, desarrollo personal y social, deporte, cultura, recreación; y se destacan los programas a la niñez indígena.
Las fuentes de financiamiento de Casa Esperanza está constituida por 2,242 socios y 31 empresas. El 5% proviene de organismos internacionales, 3% del sector gubernamental y un 40% del sector empresarial.
Al ser interrogada sobre la rendición de cuentas, Méndez indicó que anualmente elaboran un reporte general de las principales fuentes de financiamiento y adicionalmente tienen auditorías externas anuales, que están disponibles a quienes les soliciten los balances auditados de los fondos de Casa Esperanza. De igual forma indicó que anualmente reportan al Ministerio de Economía y Finanzas los donantes y sus respectivos montos.
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