La nueva Presidenta debería tomar partido por la libre expresión.
Mireya Moscoso, la presidenta de Panamá debería aprovechar hoy la oportunidad para comenzar a borrar una de las manchas heredadas por su nuevo gobierno: leyes que ponen en peligro la libertad de prensa y socavan los principios democráticos.
Durante sus declaraciones de hoy a los periodistas internacionales durante la conferencia del Freedom Forum para los Medios de Latinoamérica, la nueva presidenta debería anunciar que se van a derogar las leyes mordaza que se impusieron hace años mediante un decreto militar, al mismo tiempo que comprometerse a apoyar nuevas leyes que borren para siempre las leyes mordaza. Al hacer tal cosa, la nueva presidenta le demostraría al mundo su compromiso con los principios democráticos. Ya, durante conversaciones esta semana con representantes del Comité para la Protección de Periodistas, la Sra. Moscoso ha hecho ver su inclinación en el sentido de hacer dichos cambios.
Esto debe hacerse ya que en Panamá un periodista puede ser multado o enviado a prisión por describir negativamente a un político (aunque esté publicando la verdad), o divulgar información ofensiva a "la moral cristiana", o por poner en entredicho el honor de algún funcionario público y hasta por describir algún defecto físico del que padezca la persona. De hecho, Panamá ha dictado tantas leyes mordaza durante los últimos 20 años, que el concepto de libre expresión está hoy día en serio peligro en este país democrático.
Tomadas en conjunto, las leyes mordaza son una mancha en la presidencia de la Sra. Moscoso y son un obstáculo para las aspiraciones de Panamá de convertirse en una democracia igual a las demás. Las leyes autorizan al gobierno a censurar artículos antes de que sean publicados y a poner en la cárcel a periodistas por publicar noticias falsas, exageradas, o tendenciosas acerca de asuntos que pongan en peligro a la economía del país. Las leyes han sido usadas para crear una Junta Nacional de Censura, que revisa material que podría ser considerado como obsceno, inmoral u ofensivo "contra los principios básicos de la moral cristiana".
Teniendo en cuenta la increíble ambigüedad de tales expresiones, no es de extrañar que la policía y los fiscales panameños hayan usado las leyes como un garrote en contra de los periodistas. En un caso, un periódico fue multado con 250,000 dólares por publicar fotos de mujeres en traje de baño en su diario. Y el año pasado dos periodistas de La Prensa, Gustavo Gorriti y Rolando Rodríguez fueron acusados por publicar que una compañía acusada de servir de pantalla para traficantes de drogas había contribuido con 5,000 dólares a la campaña política de un candidato a legislador.
Las autoridades han utilizado estas leyes para perseguir a docenas de periodistas. Durante la reciente campaña presidencial, la señora Moscoso prometió atacar la corrupción que ha sido por años el talón de Aquiles del país.
Sería imposible alcanzar este objetivo mientras se amordaza a los medios y se hace imposible el libre flujo de las ideas. En una sociedad abierta, una prensa vociferante es una prueba de que la democracia está de veras funcionando en lugar de ser una excusa para ejercer la censura.