La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, planteó ayer la necesidad de que se deroguen y modifiquen varias normas que impiden al Ministerio Público investigar el enriquecimiento ilícito y apresar a los delincuentes de "cuello y corbata".
La funcionaria coincidió con el procurador de la Nación, José Antonio Sossa, en que no se puede ser "muy exigente" con los trámites y procedimientos para iniciar una investigación, en alusión al proyecto de ley reformado por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa que exige la prueba sumaria en toda denuncia de corrupción pública.
"Se debe buscar un consenso en la redacción sin que se pierda el espíritu de la ley para que se investigue el enriquecimiento ilícito", acotó. Puntualizó que hay muchas limitaciones para las investigaciones y es muy claro que la población mayoritaria de las cárceles son los delincuentes comunes que no tienen la posibilidad de buscar un buen abogado ni tampoco tienen recursos.
"Aquí poca gente que se pueda considerar delincuentes de cuello y corbata están en las cárceles, usted ve los fraudes que se cometen en contra de los recursos de la gente y quiebra fraudulenta, pero no están en las cárceles", recalcó.
Las declaraciones de Montenegro de Fletcher se dan a raíz de las críticas lanzadas por Sossa, quien afirmó en Viena, Austria, que en Panamá había muchas limitaciones para investigar los delitos de alto perfil o corrupción de funcionarios.
No obstante, este mismo informe agregó que la fecha inicial de comprobación fue el 16 de mayo pasado; mientras que la presunta fecha de inspección primaria aún se investiga.
