Una convocatoria a sesiones extraordinarias durante los meses de julio y agosto no debe considerarse un intento para impedir la reanudación de las investigaciones a los legisladores por las denuncias de corrupción presentadas después de la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), indicó ayer el procurador de la Nación, José Antonio Sossa.
El funcionario mencionó que la convocatoria a las sesiones extraordinarias es una prerrogativa que corresponde a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, y por lo tanto este acto "no debe juzgarse de manera negativa".
Indicó que la convocatoria a las sesiones extraordinarias depende de los proyectos de ley que estén pendientes al momento que concluye el período de sesiones ordinairas y de otros factores que no guardan relación directa con las investigaciones que realiza el Ministerio Público.
Sossa dijo que el Ministerio Público actúa hasta donde la ley les permite actuar; en estos momentos que los legisladores están trabajando en un período de sesiones ordinarias, no se puede investigar a los legisladores porque gozan de inmunidad.
Recalcó que eso es lo que establece la ley, entonces eso es lo que puede hacer el Ministerio Público, sobre la base de lo dispuesto en la norma legal.
Cuando concluyen las sesiones ordinarias y se inicia el receso legislativo entonces se podrían reiniciar las investigaciones, porque los legisladores pierden la inmunidad parlamentaria.
Sin embargo, en el caso que se convoque a sesiones extraordinarias, los legisladores mantendrían su derecho a la inmunidad parlamentaria durante el período en que éstas se extiendan y las investigaciones que se realizan actualmente por el caso CEMIS se verían suspendidas.
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