Mientras la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie sobre la suspensión provisional de la resolución del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), donde se establece la equiparación para Panama Ports Company (PPC), todo lo actuado en el proceso es legal, afirmó ayer el magistrado presidente de la máxima corporación de justicia, Adán Arnulfo Arjona.
"Salvo que hubiese una suspensión provisional, todo el acto administrativo descansa en la legalidad hasta que no sea invalidado por el tribunal competente", acotó.
De acuerdo con el magistrado, el proceso en su totalidad podría demorar ocho meses en ser tratado por el organismo de justicia, sin embargo, se espera que en los próximos días el magistrado sustanciador, Winston Spadafora emita un proyecto de fallo para ser evaluado por el resto de los integrantes de la Sala Tercera.
Arjona indicó que la admisión de la demanda es una potestad propia del sustanciador, así como la responsabilidad de lo actuado.
Detalló que luego de entablada debidamente la demanda se traslada a la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher para que emita su opinión.
Precisó que luego se abrirá la etapa de pruebas, alegatos y pasado el período al pleno de la Sala Tercera.
Legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD) presentaron una demanda de nulidad contra la resolución aprobada por el MICI donde se equipara a Panama Ports Company.
Algunos de los puntos objetados es la legalidad de que una resolución ministerial pueda modificar un contrato del Estado y que la misma no haya sido consultada a la Asamblea Legislativa.
También el Gobierno Nacional otorgará en concesión a Manzanillo International Terminal (MIT) las tierras que están adyacentes al terminal portuario en la Costa Atlántica. El ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome concedió a Panama Ports los mismos beneficios otorgados a Colon Container.
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