Lo bueno, es que casi diariamente en la radio, se elevan voces de fiscalización ciudadana sobre el mal manejo de las "Partidas Circuitales". Lo malo, es que este mal manejo continúa, y lo FES es que el imbatible mutismo de esta institución con respecto al tema, no sucumbe.
Un muro de silencio similar, se erige en el entorno de la Contraloría, donde muy recientemente revelaron que investigan a cinco legisladores por manejos irregulares de partidas circuitales. Pero se sabe que existen informes -consumados unos y en proceso otros- pero no son de acceso público.
Por el lado de la Asamblea Legislativa, las algarabías abundan tanto como la falta de aclaraciones. "Asamblea convertida en quinto patio", rotuló un periódico cuando aludió al cruce de serias acusaciones entre dos legisladores, una de oposición y otro de gobierno, sobre sus dudosos manejos de Partidas Circuitales.
Pero esos enconos y divisiones entre legisladores de gobierno y oposición, hallaron un consenso, el día en que ratificaron al nuevo fiscal electoral, Gerardo Solís, quien meses antes había fungido como director del FES, administrando Partidas Circuitales de legisladores de ambas bancadas.
El Fondo de Emergencia Social (FES) es un organismo administrativo creado, durante los primeros meses del gobierno del presidente Guillermo Endara, por medio del Decreto No. 146 del 30 de mayo de 1990, quedando adscrito al Ministerio de la Presidencia.
El gobierno que lo sucedió reorganizó el FES (Decreto no numerado del 8 de enero de 1996). Pero antes de esta disposición, había emitido la No. 140 del 27 de octubre de 1994, por medio del cual nombró a los miembros de la Junta Directiva del FES.
Con el artículo 3 de este Decreto, saltaron a la palestra del FES, nombrados como miembros de la Junta Directiva, Arturo Melo (quien la presidía), H.L. Balbina Herrera Araúz, Alberto Pons Z., Miguel Brostella y David Mizrachi.
En una reciente nota de prensa se conoció que la Junta Directiva del FES sostuvo una reunión en la que se presentó al nuevo miembro de esa junta, haciendo recaer la responsabilidad en Harry Castro, quien reemplazará al actual ministro de Vivienda Roosvelt Thayer.
De acuerdo a la misma información, fechada el 6 de febrero de 1999, integran la Junta Directiva el ministro de la Presidencia, Olmedo Miranda, quien la preside, el director ejecutivo del FES, el arquitecto José Vence, Alberto Pons, David Mizrachi y la legisladora Balbina Herrera.
En abril de 1997, el entonces director del FES, Gerardo Solís, anunciaba que se apretaban las clavijas del procedimiento utilizado por esta institución para la ejecución de los proyectos administrados por los miembros del Organo Legislativo, a quienes desean ofrecer "un trato y atención bancaria".
Un "Manual de procedimientos" del FES, fechado en junio de 1997, detalla los pasos que deben seguir los funcionarios de ésta institución en el manejo de las partidas, teniendo entre sus objetivos el de administrar "adecuadamente los fondos" de tales partidas asignadas a los legisladores.
El manual, dice su introducción, surge de la necesidad de hacer más efectiva la labor del FES en las comunidades, "para las cuales los Honorables Legisladores realizan cada año aportes destinados a mejorar y coadyugar (sic) en la atención de problemas sociales en sus respectivos circuitos".
Entre otras cosas se establece en el documento, que para la coordinación de proyectos y sus funciones se establece una "unidad de enlace Asamblea Legislativa-Fondo de Emergencia Social". Se trata de "un funcionario nombrado por la Asamblea Legislativa", quien obedece directrices del FES.
Según se desprende de la información contenida en el manual premencionado, son tres los tipos de proyectos administrados por el FES. Estos se identifican como "proyectos de orden de compra", "proyectos de infraestructura" y "proyectos especiales".
De conformidad con el manual, las solicitudes que califican como proyectos de "orden de compra", son "todas aquellas que por su característica pueden ser adquiridas en casas comerciales, y sus entregas podrán hacerse de forma inmediata, o parciales".
Según la misma fuente documental, entre las solicitudes que califican como "proyectos de infraestructura", están dos grupos generales, a su vez subdivididos. "Infraestructura social", se divide en caminos de penetración, sistema de drenaje pluvial, puertos, pavimentación de calles, etc.
Entre los de "infraestructura económica", (que es el otro grupo general en el que se subdivide "proyectos de infraestructura") se mencionan acueductos, letrinas, reparación de escuelas y centros de salud, comedores escolares, centros culturales, parques e Iglesias entre otros.
Finalmente, en lo que a "proyectos especiales" se refiere, destacan el "subsidio educativo" dirigido tanto a primaria, secundaria y universidad, como el "apoyo técnico", dirigido a beneficios para la comunidad y el "apoyo económico" que incluye "asistencia social" y "capacitación y seminarios".
En el mismo manual se establecen las diferentes etapas para la elaboración de "proyectos de orden de compra", de "proyectos de infraestructura" y de "proyectos especiales".
A falta de una explicación oficial, una fuente dijo que era en el antiguo Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE), entidad que hace el presupuesto del Estado, donde el legislador debía explicar de manera global el destino proyectado para la Partida Circuital que le correspondía.
Para los "proyectos de orden de compra" el legislador debe llenar y firmar un formulario de solicitud de proyecto. A esta solicitud se le deben adjuntar "tres cotizaciones de diferentes casas comerciales" y entonces el FES escoge "la propuesta más baja".
Otra fuente hizo notar que se han dado casos en los que las tres propuestas con diferentes precios, surgen de tres casas comerciales que pertenecen a un mismo dueño, por lo que cualquiera que gane redundará en un beneficio directo a la misma persona.
En el caso de "proyectos de infraestructura", el legislador entrega planos a tres contratistas, que luego propone al FES. Esta institución escoge la propuesta más baja, luego hace una inspección en el lugar donde se va a realizar la obra, y posteriormente se le pide al contratista un cronograma de actividades.
Por su trabajo, el administrador de tal proyecto, que puede escoger el legislador, recibe un 3% de la Partida Circuital, la inspección el 2%, y el FES cobra un 10 %, por manejar al legislador la partida que le corresponde.
En 1997 el contralor encargado, Gustavo Pérez, dijo que funcionarios de esa institución preparaban un documento especial para reglamentar las Partidas Circuitales, y eso lo dijo recalcando que tales partidas "hasta este momento no están totalmente reglamentadas". Desde entonces nada se sabe al respecto.
Preguntado sobre la falta de una legislación precisa para el manejo de las partidas, José Blandón, actual candidato a legislador, ha dicho que "pareciera ser que en ausencia de una ley, todo queda bajo los criterios del contralor y de quienes están en la Asamblea Legislativa, en un momento dado".
En una publicación fechada el 18 de enero de 1997, se le preguntó al contralor encargado, si existía la posibilidad de alguna investigación de la Contraloría sobre el uso de tales partidas por parte de los legisladores, y Pérez respondió que hasta el momento eso no se había ordenado.
Pero, el 12 de enero de 1997 había sido publicada una entrevista en la que éste mismo funcionario reveló que adelantaba una investigación sobre el uso de las Partidas Circuitales de los legisladores, en respuesta a una denuncia que hicieron los ex legisladores Mario Rognioni y Guillermo Cochez.
Hace apenas unos días, el mismo subcontralor, Gustavo Pérez, reveló que la Contraloría investiga a cinco legisladores de gobierno y de oposición, por supuestos manejos irregulares de Partidas Circuitales.
En una reciente intervención radial, que se verificó el 13 de enero de 1999, y en la que participaron dos legisladores de gobierno y de oposición, además de una ex parlamentaria, quedó de manifiesto la confusión reinante con relación al manejo de las Partidas Circuitales.
El parlamentario Elías Castillo del PRD, dijo que el legislador debía "acudir a instituciones públicas a gestionar partidas, de manera que el Ministerio las incluya en los presupuestos para los efectos de responder. Allí está el nivel y la instancia del legislador".
Este, de acuerdo a Castillo, debe procurar "que se incluya en el presupuesto la construcción de la carretera
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