¿Usurpación o cumplimiento? Esa es la interrogante que se mantiene sobre el estatus de 12 de los 22 diputados que siguen asistiendo al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Actualmente existe una denuncia de usurpación de funciones en contra de los diputados, que han dicho que seguirán asistiendo al foro, porque ellos fueron elegidos por votación popular, además de haber recibido unas credenciales por el Tribunal Electoral (TE) para ejercer su cargo por cinco años.
Consideran que la denuncia interpuesta por Jorge Lezcano, miembro de Cambio Democrático, no tiene sustento alguno, planteamiento que es apoyado por algunos abogados que sostienen que no existe un artículo en la Constitución que contemple que los diputados están cometiendo un delito y deben ser procesados por lo antes expuesto, ya que fueron elegidos por votación popular.
El catedrático Miguel Antonio Bernal y el expresidente del Colegio de Abogados Rubén Elías Rodríguez coincidieron en que la denuncia de usurpación no cabe, ya que los actos de elección se hicieron antes de que Panamá decidiera salir del foro, pero indicaron que le competerá a la fiscalía tomar la decisión, la cual esperan sea la más correcta.
En tanto, el diputado Manuel Bermúdez, quien todavía sigue asistiendo al Parlacen, dijo: “Es una denuncia que no tiene sustento, porque ni siquiera han llamado a declarar a ninguno de los diputados”.
Bermúdez agregó que ellos pueden seguir asistiendo al foro, porque la Corte Centroamericana de Justicia, que se encuentra en Nicaragua, falló en contra del Estado panameño, favoreciendo a los diputados.
“Se nos restituyó todos nuestros derechos como diputados elegidos por votación popular a excepción del salario”, adujo, pero el Estado panameño no acogió el fallo.
Panamá salió del Parlacen el año pasado en noviembre, mediante la Ley 78, siendo esta una promesa de campaña del gobierno actual, ya que el mandatario Ricardo Martinelli consideró el Parlacen como un órgano “inoperante y “una cueva de inmunidades”.
El Estado destinó desde 1994 hasta que decidió salir 25 millones de dólares, los cuales eran para solventar los gastos y el pago de los diputados. Bermúdez aclaró que en la actualidad los gastos corren por cuenta de este organismo regional, que les paga viáticos, hospedaje y el pasaje.
La denuncia que fue interpuesta el 3 de diciembre de 2010 en contra de los diputados se encuentra en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, la cual ya ha pedido al Parlacen, con sede en Guatemala, información del estatus de los diputados.
Por su parte, el expresidente del Parlacen Dorindo Cortez negó que sean usurpadores y calificó esta denuncia como una forma de intimidación con la intención de amedrentarlos.
En agosto pasado, las autoridades panameñas desalojaron a los diputados de la sede en Ancón por mandato del presidente de la República.
