La Caja de Seguro Social (CSS) no se había recuperado de la tragedia del Dietilenglicol, cuando en julio de este año se hizo público que 50 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos se contagiaron de una bacteria resistente a los antibióticos, y de los cuales el 30% había fallecido.
Al igual que ocurriera con el tóxico, la información se dio a conocer cuando la crisis se había desatado, lo que deterioró más la confianza hacia la institución y ocasionó que la población dejara de asistir al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.
El 28 de julio, Panamá América reveló que las autoridades de Salud conocían desde diciembre de 2010 de la existencia de la bacteria denominada “Klebsiella pneumoniae” (KPC), luego que en agosto de ese año se aislaran dos cepas en el Complejo.
El 2 de agosto, el Ministerio Público (MP) comenzó la investigación de los casos, cuando la Fiscalía Tercera Superior, a cargo de Sofanor Espinoza, realizó una inspección ocular en los archivos clínicos del Complejo, revisando el historial médico de los afectados y fallecidos.
Dos días después, el ministro de Salud, Franklin Vergara, anunció la creación de una comisión externa que analizaría los casos confirmados y sospechosos de la enfermedad.
A su vez, llegaron especialistas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta y de las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud para investigar, analizar y recomendar las acciones a seguir para controlar la bacteria.
Luego de esto, empezaron a implementarse medidas, como la habilitación de una sala de aislamiento para los afectados por la KPC, la readecuación total de las unidades de cuidados intensivos donde aparecieron los casos, el traslado de pacientes a otras salas y al hospital de la 24 de Diciembre mientras se efectuaban los trabajos, la suspensión de las cirugías ambulatorias para desinfectar los quirófanos y restricciones en las visitas.
Las autoridades de la CSS estimaron un presupuesto de 21 millones de dólares para enfrentar el brote, del que se había desembolsado más de 3 millones hasta mediados de noviembre.
Las consecuencias de la aparición de la bacteria, que a inicios de septiembre había matado a 57 personas, no se hicieron esperar.
Las consultas médicas en el Complejo disminuyeron en un tercio del promedio normal, mientras que la demanda en otros hospitales, como el Santo Tomás, aumentó en más de 40%.
La bacteria no se quedó solamente en las salas de intensivos, si no que se trasladó a otras áreas del Complejo e incluso a otros hospitales de la ciudad y el interior del país.
En septiembre se dio un caso en el Santo Tomás, mientras que en octubre aparecieron los primeros afectados en el hospital Rafael Hernández de Chiriquí y el 17 de noviembre se confirma el primero en Colón.
Hace dos semanas a un paciente recluido en el hospital Joaquín Franco, en Las Tablas, se le confirmó la infección por la KPC.
El 7 de septiembre fueron presentadas las siete primeras denuncias ante el MP por familiares de los fallecidos a causa de la KPC.
Posteriormente, el procurador general, José Ayú Prado, solicitó a la Corte Suprema que se acumularan 16 denuncias contra el director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens.
La CSS mantiene diferencias con el Ministerio Público referentes a la cantidad de defunciones atribuidas a la KPC.
Mientras la institución sanitaria reconoce 61, la fiscalía afirma que, hasta los últimos días de diciembre, había 113 fallecimientos.
Todavía no se han formulado cargos.
