La defensa del expresidente Ricardo Martinelli presentó una acción de recusación contra el magistrado Harry Díaz, quien actúa como fiscal del caso por las supuestas intervenciones telefónicas.
El recurso fue interpuesto el jueves, luego de que Díaz revelará a los medios algunos detalles de irregularidades a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Díaz fue quien solicitó al pleno de la Corte que se aplicara detención preventiva contra Martinelli, luego de que el juez de garantía, el magistrado Jerónimo Mejía, lo declarara en acto de rebeldía por no haber asistido a la audiencia del 11 de diciembre.
Para el exprocurador de la Nación Rogelio Cruz, es muy lamentable lo que se ha dado, visto desde el punto que afecta la imagen de credibilidad de las personas hacia la CSJ. "Indudablemente que sí impacta", agregó.
Pero quien más sufre con todo esto, a criterio de Cruz, es el propio Díaz, porque ha demostrado mucho odio y frustración por haber ocultado cosas que solo dice por no ser elegido presidente de la Corte, "pero que las ocultó por mucho tiempo de manera cómplice".
Que la Asamblea Nacional investigue a Díaz después de haber vertido esos señalamientos no es algo que vaya a prosperar.
Cruz sostiene que no se vive en un Estado de derecho, toda vez que los diputados están temerosos de ser investigados por la Corte y lo mismo sucede a la inversa con los magistrados de este órgano del Estado, así que ¿quién tiene la autoridad para investigar y juzgar a otro?
"Durante muchos años ha habido un pacto tácito de no agresión. Solo actúan a empujones", indicó el abogado.
Para ver realmente esto se requiere un cambio constitucional urgente, recalcó, puesto que hoy ningún proceso que se surta en la Asamblea o la CSJ goza de credibilidad.
Aparte de poner en evidencia el muy bajo perfil que tiene hoy la Corte, Díaz denunció presuntos actos de peculado (turismo judicial), supuesta intromisión del poder Ejecutivo en el poder Judicial (en la designación de la junta directiva del Órgano Judicial), que hay supuestos bandos políticos en la Corte, entre otros aspectos.
Esta razón lleva al abogado Ernesto Cedeño a decir que la Asamblea imprima a la carta enviada por el presidente de la Corte (José Ayú Prado) el 14 de enero del año en curso, el trámite de denuncia, integrada dentro del Derecho Constitucional de Petición consignado en el artículo 41 constitucional, y haga las investigaciones de rigor, sobre el tenor de la misma.
Lictor Reyna, abogado, dijo que las palabras de Díaz denotan la intromisión del Ejecutivo en las decisiones de la Corte, también dejan ver la imperiosa necesidad del cambio del procedimiento de escogencia de los magistrados para que sea la carrera judicial la que, a través de métodos de meritocracia y experiencia y una probidad comprobada, permita acceder a cargos a personas que han dedicado su vida a la carrera.
Asimismo, esto demuestra que, mientras el Órgano Judicial sea parte del juego político, porque se requiere presupuesto que es otorgado por el Ejecutivo y por el Legislativo, jamás podrá haber independencia judicial comprobada.
