Precaristas, inversionistas y hasta un magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, que en el pasado fue director de Reforma Agraria, tienen sus ojos puestos en parte de las mil hectáreas que posee la Universidad de Panamá (UP), en La Chorrera, a orillas del lago Gatún.
Se trata de la finca "Las Mercedes", que donó Castara García a la UP, el 19 de diciembre de 1955, e inscrita en el tomo 122, folio 54, para hacer experimentos y levantar una Escuela de Agricultura, según la escritura 1409 del Registro Público.
Las mil hectáreas fueron avaluadas en B/.800 mil por la Contraloría de la República en el 2006, a pesar de que es un área con posible explotación turística.
Esto equivale a B/.800 la hectárea; 8 centésimos el metro cuadrado, un precio irrisorio si se compara con fincas adyacentes que se venden comercialmente hasta en B/.6 mil la hectárea, por su cercanía al lago Gatún.
Se estima que en el ámbito comercial, la finca tiene un valor de mercado de unos B/.6 millones.
Invasiones.
La propiedad fue ocupada por precaristas, con la excusa de emprendimientos productivos, pero al tiempo levantaron negocios y viviendas que son usadas los fines de semana. Además, vendieron derechos posesorios "brujos" a extranjeros que hoy construyen un complejo turístico.
Las primeras invasiones iniciaron en la década de 1970 y después se hicieron más intensas. Hace dos años, la UP levantó un censo y descubrió que unas 282 hectáreas están en manos de campesinos.
Fuentes confiables informaron a que desde hace más de 3 años, el magistrado suplente de la Corte, Jacinto Cárdenas (suplente de Winston Spadafora), adquirió cerca de 31 hectáreas, a sabiendas de que la finca pertenece a la UP, que es una entidad autónoma.
recorrió el área y los residentes de Cerro Cama confirmaron que Cárdenas adquirió parte de las tierras, donde sembró pastos mejorados para sus bovinos.
Cárdenas, quien dirigió la Reforma Agraria entre 1981 y 1982, dijo, a través de un vocero de la Corte, que mantiene "arrendadas" esas tierras a un campesino de apellido García, pero que sus planes son comprarlas a la UP para evitar problemas.
Polémica.
Con documentación legal en mano, el rector de la UP, Gustavo García De Paredes, advirtió que "esas ocupaciones son ilegales" y culpó a la Reforma Agraria por otorgar irregularmente derechos posesorios a los invasores, quienes han convertido estas tierras en un negocio redondo.
En Reforma Agraria desconocen cómo estas personas obtuvieron tales derechos, máxime cuando son tierras de la UP que es un ente autónomo.
La directora de esta instancia, Nadia Moreno, se rehusó, en dos ocasiones, a hablar con este medio, aduciendo que la persona que domina el tema estaba indispuesta.
acudió entonces a la Reforma Agraria de Panamá Oeste -donde supuestamente estaba la documentación-, pero se informó que solo contaban con el plano original y que las autoridades de la sede central conocían claramente sobre este "dilema".
"Evaluamos llevar esta propiedad a subasta pública, pero es casi imposible desalojar a las personas que tienen muchos años de residir allí", sostuvo García De Paredes, tras admitir que la finca fue descuidada.
La UP pidió en el 2006 autorización al Ministerio de Economía para vender directamente las 282 hectáreas invadidas a los campesinos en unos B/.170 mil, un poco menos del avalúo de la Contraloría, sin embargo, a la fecha no han tenido respuestas.
En cuanto a la parte ocupada por las personas que han desarrollado negocios, aún no se ha fijado un precio, pero García De Paredes asegura que será "un poco mayor".
