El magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Troyano, insistió en que los periodistas critican la exoneración de placa vehicular de los magistrados, sin antes cuestionar el "privilegio" de la placa de prensa a la que tienen derecho.
Pero los magistrados de la CSJ no sólo tienen el privilegio de gozar de una placa especial para el desempeño de sus funciones, sino que adicional se les concede 100 galones de gasolina al mes y la exoneración de autos, entre otras prebendas.
Cabe recordar, que la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, impulsó un proyecto para la eliminación de los privilegios de jueces y de los propios magistrados, pero el mismo no se concretó, ya que tuvo como principal crítico a Troyano.
Pese a ello, el presidente de la Corte destacó que los funcionarios judiciales han perdido algunas compensaciones y citó la suspensión de los términos judiciales durante la Semana Santa y las jubilaciones especiales.
Pero los señalamientos de Troyano no convencieron al abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, quien enfatizó que los magistrados "quieren tapar el sol con un sólo dedo".
"El magistrado Troyano quiere ocultar el rosario de privilegios que tienen, al atacar a los comunicadores sociales por unos supuestos beneficios que no son objeto de comparaciones", dijo.
Lo que sucede, dijo Bernal, es que los magistrados al igual que otros funcionarios de jerarquía no quieren ser objeto de críticas ni mucho menos rendir cuentas por sus acciones.
En cuanto al tema de la rendición de cuentas de los magistrados y jueces, la Comisión de Estado por la Justicia, que realizó 84 reuniones ordinarias propondrá la realización de un inventario de los expedientes que reposan en los despachos judiciales, utilizando un procedimiento y criterio uniforme en la recopilación de la información.
La propuesta también pretende mejorar la investigación de casos de corrupción, implementando talleres de ética aplicada para reforzar la conducta y actuación que deben observar los funcionarios como investigadores y como parte del proceso de administración de justicia.
Asimismo, el modelo de Resolución del Consejo de Gabinete que propone la Comisión tiene como premisa establecer un proceso transparente de preselección de aspirantes a ocupar vacantes en la CSJ y en las Procuradurías de la Nación y la Administración.
Este proceso se caracteriza por la creación de una Comisión Especial de Preselección, la cual se instalará cada vez que surja una vacante en los cargos de magistrados o procuradores.
Esta comisión estará integrada por un representante de los decanos de las Facultades de Derecho de las distintas universidades acreditadas en el país, un representante del Colegio Nacional de Abogados, un representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia, un representante del Órgano Judicial o del Ministerio Público, además del Comité Ecuménico.
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