Desde el 2004, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) vienen insistiendo en la necesidad “urgente” de cambiar el sistema de identificación ciudadana, pero no han tenido éxito alguno.
En el presupuesto general del Estado de 2005 incluyeron esta iniciativa, pero fue rechazada. Lo mismo sucedió con la vigencia fiscal de 2006, donde hubo un recorte presupuestario que impidió ejecutar este proyecto.
No fue hasta finales del año pasado, cuando la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó un crédito extraordinario a la institución, el cual fue aprovechado por los magistrados para impulsar nuevamente el proyecto de identificación ciudadana a través de una contratación directa.
“Se ha insistido responsablemente en la necesidad de cambiar este servicio desde hace buen tiempo”, indicó el magistrado Gerardo Solís, quien abogó por la necesidad de contratar directamente a la empresa estadounidense L-1 Identity Solutions.
Con estas palabras coincidió ayer su colega Erasmo Pinilla, tras afirmar que "el sistema de cedulación está a punto de colapsar por su obsolescencia", hecho que preocupa por la proximidad de las elecciones de 2009.
Ambos funcionarios argumentan que el sistema actual tiene capacidad para 2 millones de registro, pero a la fecha han emitido mil 812 registros por encima de su capacidad porque "emparcharon" el sistema.
Cuando el TE inició el proceso de licitación de este servicio -en agosto pasado- faltaban alrededor de 200 mil registros.
Este dato, según Solís, reafirma la necesidad de contratar urgentemente a una empresa para que ofrezca los servicios prontamente.
