Las experiencias negativas en la adquisición de sistemas informáticos experimentadas por el Tribunal Electoral (TE) en el pasado, y que todavía permanecen en litigios y demandas costosas para el Estado, podrían repetirse con la contratación directa de la firma L-1.
Así lo expresó el contralor Carlos Vallarino, en una misiva dirigida al magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, el 20 de diciembre de 2007, dejando claro que la decisión asumida por el organismo electoral no era correcta.
El jefe de las finanzas públicas hacía referencia, entre otros casos, al escándalo sobre el hurto de unas 35 mil tarjetas plásticas a la empresa Unisys World Trade Inc. para elaborar cédulas panameñas, en octubre de 2002.
Esta situación provocó pérdidas por el orden de B/.2.8 millones al TE, que con el pasar del tiempo ha recuperado el dinero por una demanda que entabló en contra de dicha empresa por daños y perjuicios.
Lejos de arrepentirse de sus señalamientos, Vallarino reafirmó ayer su posición y volvió a advertir que "cualquier responsabilidad que se derive de este acto recaerá de manera conjunta y solidaria, sobre cada uno de los magistrados".
Reacción.
Sus palabras no cayeron en oídos sordos. El magistrado Gerardo Solís, afirmó que lo planteado por el jefe de las finanzas públicas "es lo mismo que vienen pregonando desde hace meses".
"Desde un principio manifestamos que seríamos responsables de nuestra actuación y él (Vallarino) no tendría ninguna responsabilidad", precisó.
Agregó sentirse "muy satisfecho" por el refrendo del contrato con la empresa L-1 Identity Solutions.
