La Autoridad del Canal de Panamá ha desembolsado de sus excedentes más de 108 millones de dólares, entre julio de 2009 y diciembre de 2011, para desarrollar proyectos sociales a través del Programa de Desarrollo Comunitario (Prodec).
Sin embargo, la institución parece no ser la mejor alternativa para invertir el dinero del Canal en obras sociales, a pesar de que la reglamentación del Prodec ha sido modificada varias veces con el fin de mejorar su eficiencia desde que fue creada en enero del 2006.
La última modificación al Prodec se hizo a través del Decreto N.°8 de 2011, el cual sacó a los gobernadores del papel ejecutor de las obras, dejándole todo el proceso a la institución. El objetivo era simplificar el proceso de canalización del dinero para las obras, pero los resultados no se reflejaron en las que se construyeron en los pueblos.
Mala calidad de las infraestructuras, mala ubicación de las obras y falta de mantenimiento son los resultados de gran parte de los proyectos que se construyeron con recursos del Canal de Panamá.
El problema no se ha resuelto y ahora el Prodec niega tener responsabilidad sobre el mantenimiento y fiscalización de estas obras.
Un ejemplo del derroche de dinero en obras que no le dan solución a los problemas comunitarios se registra en la comunidad de La Arenosa, en La Chorrera. Los residentes denunciaron a Panamá Américael “despilfarro” de 9 mil 996 dólares en mejoras que hizo el Prodec al muelle de la comunidad, utilizando materiales de mala calidad. La estructura, en menos de dos años, después de su entrega se convirtió en un escombro sin utilidad para los cientos de pescadores artesanales.
“La mejora del proyecto no incluyó el reemplazo de las boyas que datan de 1973, cuando se construyó ese muelle”, afirmó Gilma Rodríguez, residente de La Arenosa, tratando de explicar el colapso del muelle.
Lo que sí sobresale en el lugar es el muro donde se estampó la placa que identifica todos los proyectos del Prodec con número y costo del mismo. Sin embargo, el eslogan “Ahora le toca al Pueblo” es cosa que se contradice con la utilidad que por años le dieron los residentes, visitantes y turistas al lugar.
Un caso parecido se dio en la comunidad de La Colorada, también en La Chorrera. En el 2009 el Prodec recibió a conformidad el complejo deportivo construido por la empresa M&M Soluciones S.A. y valorado en 180 mil dólares.
A los residentes de esta comunidad tampoco se les olvida el mal sabor que le hizo sentir el supuesto complejo deportivo que financió el Prodec con dineros del Canal, y denunciaron que la empresa constructora no cumplió con las especificaciones establecidas en el pliego de cargos, y mucho menos con la calidad de los materiales.
En ambos casos, Agustín Castillo, coordinador de proyectos en la provincia de Panamá, tomó distancia al destacar que “son obras que se licitaron, ejecutaron y pagaron en la administración pasada”. Sin embargo, aclaró que en el caso del complejo deportivo de La Colorada existe una investigación en la Secretaría Anticorrupción a raíz de una denuncia formal.
Mientras que, por el desplome del muelle en La Arenosa enfatizó que no existe una denuncia documentada sobre la inconformidad de la comunidad. Es decir, Castillo sostiene que si no existe una denuncia de parte de la comunidad, el Prodec no puede proceder a investigar si la obra aún está pendiente del periodo de garantía que, por lo general, es de dos años.
El coordinador de proyectos dejó claro que no es potestad de la institución, mediante ley, darle seguimiento a los proyectos, y culpó a las comunidades del deterioro y abandono de los bienes. Incluso señaló que no existe coordinación entre los moradores de estas comunidades para proteger sus bienes públicos.
“La gran mayoría de las pérdidas de bienes se debe a la falta de mantenimiento por parte de las comunidades y de las juntas administradoras”, destacó.
Castillo defendió la labor de la institución al destacar que periódicamente entregan informes de gestión y ejecución de las obras al Ministerio de Gobierno, Contraloría y al Ministerio de Economía y Finanzas, que son lo encargados de realizar las inspecciones correspondientes para proceder al desembolso de los pagos . “Si a esos niveles no se nos ha hecho ningún tipo de observación, consideramos que lo demás son acusaciones infundadas”, dijo.
Al cuestionamiento de los costos reales de los proyectos, el funcionario se escudó en que cada uno de los proyectos que licita el Prodec debe cumplir con la Ley 22 de transparencia, que exige el cumplimiento de varios renglones en materia de presupuesto, combustible y fianzas.
“Las personas no están utilizando los medios adecuados para hacer las denuncias, es necesario que se apersonen a nuestras oficinas para proceder a las inspecciones correspondientes”, concluyó, refiriéndose a las quejas de la población por la calidad de las obras que realiza el Prodec.
En Panamá la institución cuenta con 10 inspectores que deben atender 45 proyectos a la vez, según datos del Prodec.
La gobernadora de Panamá, Mayín Correa, propuso que ante la serie de quejas planteadas por las comunidades y trámites burocráticos a los que son sometidos cada uno de los proyectos solicitados, la institución no debe existir.
Correa sugiere que los fondos provenientes del Canal deberían desviarse a las instituciones que por su naturaleza tienen la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades de la población como agua, calles y entretenimiento.
