Pero, hay más. En este mismo sector se cuenta con sólo 97 instalaciones educativas oficiales distribuidas entre San Miguelito y dos corregimientos capitalinos y 12 centros de salud (entre centros, subcentros y un hospital).
Eso ocurre en una de las áreas más pobladas del país. De hecho, el último censo reveló que allí habitan 293 mil 745 personas.
La información se desprende de la Dirección de Tesorería del Municipio de San Miguelito.
Una relación entre la población del distrito y la cantidad de colegios muestra que hay uno para cada 3 mil 28 personas, aproximadamente.
Peor aún, funciona una iglesia por cada 22 mil 596 personas y un centro de atención de salud por cada 24 mil 479 habitantes.
Panamá América llevó a cabo un recorrido por los barrios de San Miguelito y se observó que los negocios están inmersos en las comunidades y en los puntos de movimiento.
Por ejemplo, en Don Bosco en la esquina de la calle, hay dos cantinas, una frente a la otra.
En Veranillo se repite el fenómeno, pero se da la particularidad que frente a los negocios está la piquera de buses y en los alrededores hay dos escuelas y el centro de salud.
En el sector 2 de Samaria hay dos bodegas y muy cerca está la Capilla San Pablo.
También en el área hay una parrillada y más adelante el puesto de la Policía.
En la calle principal de Don Bosco hay más de 3 bares y en esa misma calle hay escuelas y una capilla.
La empresaria Nivia Rossana Castrellón, presidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, indica que se presentan situaciones en donde las escuelas están muy cerca de las cantinas y el ejemplo que reciben los jóvenes panameños no es bueno.
"Se da la situación donde los muchachos tienen que atravesar áreas para llegar a sus centros educativos, donde hay cantinas o billares", lamenta.
Considera que "son iniciativas perversas".
La Ley No. 55 de 10 de julio de 1973 regula la administración, fiscalización y cobro de varios tributos municipales.
En el artículo 12 habla de que estos negocios deben estar ubicados a una distancia de 500 metros de iglesias y 300 de escuelas.
Los lugareños señalan que eso es "letra muerta".
El acuerdo No. 65 del 28 de septiembre de 2004, emitido por el alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, suspende por un año los permisos de expendio de bebidas alcohólicas. La norma se prorrogó y sigue vigente.
Es decir, no se ha abierto un negocio más. En ese año superaban la cantidad de escuelas, pues sumaban 100.
Aunque se reservó el nombre, el alcalde dice que investigan algunas denuncias de negocios que "los propietarios se consideran unos genios y fabulosos en la viveza".
Ocurre que investigan negocios que se presume realizan otras actividades.
El hecho no es aislado. El clausurado Bar El Cantante, en San Isidro, en el 2004 cumplía las normativas y no alteraba la paz. Sin embargo, al pasar los días se convirtió en centro de prostitución clandestina.
Y por atentar contra la paz se cerró el bar y discoteca Susana, en Santa Librada; el bar La Caponera, en el Valle de Urracá y la discoteca El Regocijo, frente a Los Andes No. 2.
Allí salieron a relucir armas blancas y de fuego, problemas y escándalos.
El alcalde Carrasquilla señala que "como los negocios están en medio de comunidades, todos se conocen y nadie quiere denunciar, ni buscarse conflictos con el dueño".
Dice que para efectos de la investigación, información y para fortalecer el expediente que se levanta se necesita la colaboración de la sociedad.
Manifiesta que la comunidad debe informar, ya que hay un problema estructural del recurso humano, no hay suficiente personal para inspeccionar todos los negocios.
"Yo no hago alianza con ningún empresario de apoyarlo en cosas indebidas y que alteren la paz y la tranquilidad del distrito", alega.
Mientras que el sociólogo Marcos Gandásegui asegura que las cantinas, bodegas y clubes nocturnos contribuyen a la corrupción.
"Mañana podrían cerrarse y el país mejoraría mucho", considera.
A su juicio, el distrito de San Miguelito está abandonado.
Opina que no hay presencia de una mano orientadora para que los niños y jóvenes tengan oportunidades de superación.
Gandásegui expresa que el Ministerio de Educación tiene un presupuesto de B/.600 millones y habría que ver qué hacen con los recursos.
