En los últimos siete años han muerto más de 120 obreros de la industria de la construcción por accidentes relacionados a la falta de seguridad en el trabajo que realizan.
Al menos 17 obreros fallecen cada año en Panamá, según informó Gregorio Guerrero, responsable de Seguridad Ocupacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).
Otros datos suministrados por la Caja de Seguro Social (CSS), revelan que cada año se accidentan más de 1,000 trabajadores en las obras de construcción.
No obstante, Eduardo Rodríguez, director general de la Cámara Panameña de la Construcción, explicó que si se comparan los esfuerzos por resolver el tema de la protección en la industria, la CAPAC está haciendo más que el SUNTRACS.
Agregó que en la convención colectiva que se negocia en la actualidad hay una propuesta de un nuevo esquema de seguridad, y que fue aceptado por el propio equipo negociador del sindicato, ya que sobrepasaba las expectativas de los obreros.
"Desafortunadamente, van a continuar los accidentes, pero nosotros esperamos que sean mínimos", afirmó Rodríguez.
La directora de Asuntos de la Mujer del MEDUCA, Jackeline Candanedo, recordó a los directivos de planteles que la ley prohíbe utilizar medidas que constituyan limitantes u obstáculos de este derecho por razón de embarazo.
Candanedo consideró que el tema de las estudiantes embarazadas es un asunto moral y no de clases sociales, ya que algunos colegios particulares han reportados varios casos.
Con esta opinión coincidieron varios docentes que indicaron que este problema no se resuelve con condones, sino con buena educación moral, buenos ejemplos de los adultos y principalmente de los padres.
El Código de Familia prohíbe explícitamente la discriminación o penalización de estudiantes debido al embarazo y garantiza el derecho de las estudiantes embarazadas a continuar y completar su educación.
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