Unas mil 100 personas son investigadas por el cambio de residencia doloso para favorecer a determinado candidato, de las cuales sesenta han sido condenadas, informó ayer el fiscal Electoral, Gerardo Solís. "A nivel de todo el país el ciudadano común y corriente se está prestando como tonto útil de los políticos", acotó.
Precisó que estas personas además de ser condenadas por el Tribunal Electoral son sometidas a un proceso administrativo. Detalló que este fenómeno se ha registrado a nivel nacional, donde las personas hacen cambios de residencia instigados por un candidato.
"Hasta 500 dólares o penas de arresto, cuando no pueden pagar las multas deberán cumplir estas personas", enfatizó. Apuntó que las personas tenían hasta el 30 de abril para hacer sus cambios de residencia y así poder votar en las nuevas circunscripciones electorales.
"Estamos pidiendo el llamamiento a juicio y es importante ver como han ido aumentando los casos, por lo que quisiéramos hacerle un llamado a la ciudadanía para que no se presten para declarar residencias donde no viven y actualicen dónde realmente es", añadió.
"Tenemos personas que están sancionadas por eso y en prisión purgando días de arrestos por estas irregularidades", señaló. Esto constituye un delito electoral castigable, con 500 días multas y al instigador se les dobla hasta mil.
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