Mauro Velocci, de origen italiano y expresidente del consorcio Svemark, quedará en el recuerdo como el hombre de las cárceles modulares que nunca se construyeron. Un proyecto que iba a ser vendido al Estado de Panamá por 176 millones de dólares, pero que finalmente no cuajó. Sin embargo, quedaron como secuelas denuncias y una investigación en Italia por supuesto pago de sobornos que el propio Velocci abanicó como especie de represalia luego de que su negocio millonario fracasara.
El 8 de diciembre de 2011, Velocci dijo a Panamá América,a través de un correo electrónico, que debido a la detención en Italia -por delitos no relacionados con el contrato con Panamá- de uno de los miembros del consorcio Svemark, Angelo Capriotti, la empresa se había quedado sin los requisitos financieros para poder cumplir con los compromisos contractuales.
En medio de ello, el italiano dijo que estaba recibiendo presiones de la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, para que comprara los cuatro terrenos donde iban a ser instaladas las cárceles, sin tener el contrato. “Por eso, el día 20 de septiembre 2011, yo mismo envié un correo a la ministra Méndez para abandonar el contrato”, señaló Velocci.
Sin embargo, Velocci sostuvo que el 14 de octubre de 2011, el embajador italiano en Panamá, Giancarlo Curcio, le pidió reanudar las negociaciones incluyendo ahora no solo el tema de las cárceles modulares, sino la donación de un hospital en Santiago de Veraguas. Velocci dijo en ese momento, que veía el pedido del hospital como un acto de soborno de parte del Estado, pero nunca dijo que habría pagado dinero a un funcionario.
Desde entonces, Velocci empezó a contradecirse con respecto al tema de las cárceles modulares llegando a denunciar, desde Italia, el pago de supuestos sobornos a funcionarios panameños, incluido el presidente Martinelli. Tras ello, el Gobierno panameño salió a aclarar que el contrato con Svemark nunca prosperó por su alto costo.
Este punto siempre ha sido rechazado por Velocci, quien hasta hoy sostiene que las cárceles modulares de la empresa que él representaba eran menos costosas que la que construyó la empresa de capital colombiano UM PANAMÁ por 155 millones, bajo los métodos tradicionales.
Como parte de los detalles de su proyecto, Velocci presentó un correo electrónico de Raúl Andrade Ábrego, director de asesoría legal del ministerio de Gobierno, en el que se establece que la construcción de las cárceles debería tomar 20 meses, una vez se hubiese cerrado el acuerdo.
Hoy, Velocci es recordado por sus antiguos allegados como una persona irresponsable, supuesto consumidor de drogas y un delirante por las prostitutas.
Antonio Puciia, actual presidente del consorcio Svemark, dijo que la razón por la cual se había destituido a Velocci como presidente del grupo era su falta de responsabilidad y sus vínculos con su “asesor personal” Valter Lavitola.
Más tarde, su exchofer en Panamá, Antonio Santoya Hernández, reveló que Velocci asistía drogado a las reuniones en el ministerio de Gobierno.
Velocci se transportó en un taxi alquilado por 15 meses en Panamá y regularmente visitaba el club Habanos Café en busca de prostitutas, dijo Santoya.
Lo mismo declaró Fabiana Querini, a quien Velocci contrató como traductora para asistir a las negociaciones en el ministerio de Gobierno. Querini dijo que nunca se habló en estas reuniones del pago de sobornos a funcionarios. La traductora se quedó esperando el pago de sus últimos tres meses de trabajo.
