Las internas, que responden a los apellidos Lizárraga y Visuetti, con 4 y 5 meses de embarazo, respectivamente, solicitaron ante la Defensoría su intervención para obtener una medida cautelar debido a su estado, apelando a una gestión humanitaria.
Ante esta situación, la defensora del Pueblo, Mónica Pérez, solicitó a la Comisión Penitenciaria del Órgano Judicial reemplazar la medida de prisión para ambas reclusas.
En otro caso, también se logró enviar para su casa al interno de apellido Santamaría Sánchez, quien se encontraba recluido en la cárcel de La Chorrera a pesar de ser una persona parapléjica.
Estas medidas cautelares se dan una semana después que la Fundación Apoyo al Detenido denunciara que "este beneficio lo reciben solamente los allegados al Gobierno y las personas con dinero".
En primer debate se aprobó adelantar la aplicación de la pena de 30 años para el homicidio agravado y la pena de 35 años de prisión cuando en el homicidio concurran otros delitos.
También se especifica que no podrán ser excarcelados bajo fianza los imputados por delitos cometidos con el auxilio, colaboración o complicidad de menores de 18 años de edad.
La aplicación de la pena para el homicidio culposo, de 2 a 4 años de prisión, también sería adelantada. Los homicidios culposos cometidos por quien conduzca un vehículo que preste un servicio público de transporte serán sancionado hasta con 9 años de prisión.
Tras la decepción solo le quedó tratar de habilitar la pequeña escuela rancho y el comedor escolar.
La excusa del gobierno es que hay falta de seguridad en el área para que los contratistas trabajen seguros.
Sin embargo, el maestro de Sobiaquirú aun no ha presenciado a grupos subversivos de Colombia en este recóndito pueblo donde ha permanecido seis años.
