Al parecer, el Ministerio de Educación (MEDUCA) no hizo su tarea a tiempo, y recibió una mala calificación por parte de la dirigencia magisterial, en esta primera semana de clases.
Según Rosa Fernández, del Magisterio Panameño Unido, el 10% de los centros escolares aún no están en condiciones para impartir clases.
Fernández dijo que hay instituciones educativas que tienen problemas de equipamiento, infraestructura y educadores que no están en sus puestos porque no han sido nombrados.
De acuerdo con la docente, de los más de 5,000 centros educativos que hay en el país, cerca de 500 no se encuentran aptos para brindar una enseñanza básica.
Otro quien también reprobó el inicio de clases fue el miembro de la Coordinadora de Unidad magisterial (CUM), Luis López.
López sostuvo que aunque las autoridades de MEDUCA saben que cada año es el mismo problema durante el inicio de clases, no toman cartas en el asunto.
El maestro hizo énfasis en que instituciones como el Centro Básico Monseñor Francisco Beckman, El Colegio Jeptha B. Duncan, el León A Soto, entre otros tienen problemas de infraestructura, fibra de vidrio y equipo.
Resaltó que para este año esperan un mejor uso de los recursos, de manera que no ocurra lo mismo que el 2007 cuando se apropiaron del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) de forma irregular.
Por su parte, Andrés Rodríguez, del Frente de Acción Magisterial (FAM), argumentó que no ha habido tanto malestar en el inicio del año escolar como en el 2008.
Rodríguez explicó que todavía hay escuelas que tiene problemas con la fibra de vidrio, lo que impide un buen desarrollo de las clases.
El dirigente del FAM resaltó que las autoridades de MEDUCA deben ser más enérgicas en cuanto a la fiscalización de los fondos, e invertirlos de la mejor manera posible.
En tanto, Aixa Gómez, de la Confederación de Padres de Familia, dijo que es "lamentable" cómo algunos estudiantes están recibiendo clases en pésimas condiciones.
Gómez expresó que lo más importante es que no se pierdan clases este año, ya que son 210 días con los que se deben cumplir.
La representante de los padres de familia criticó la poco diligencia que muestran las autoridades, ante este tipo de problemas.
